El STJ recibió la presentación.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut presentó una demanda contra la reforma constitucional promovida por el gobernador Ignacio Torres. El recurso se dirige al Tribunal Superior de Justicia de la provincia y pide la declaración de inconstitucionalidad de la Ley V-201.
La entidad judicial también solicitó suspender el plebiscito previsto para octubre. La consulta popular buscará validar los cambios impulsados por el Ejecutivo provincial a los artículos 247 y 248 de la Constitución de Chubut.
El presidente de la asociación, Claudio Petris, firmó la presentación con el patrocinio del constitucionalista Raúl Heredia y del abogado Alejandro Fernández Vecino. El texto argumenta que la ley vulnera principios esenciales del régimen republicano y del estado de inocencia.
Los jueces sostienen que los fueros no son privilegios personales. Defienden su carácter institucional. Plantean que son garantías fundamentales para proteger la independencia del Poder Judicial y el equilibrio entre poderes.
“El pueblo está cansado de privilegios”, había dicho Torres al anunciar el proyecto. Pero la asociación rechaza ese enfoque. “No se trata de privilegios. Se trata de tutelas institucionales”, responde la demanda.
La reforma busca suprimir la inmunidad de proceso y ejecución de sentencia para el gobernador, el vice y los tribunales electorales. También permitiría ejecutar condenas penales sin sentencia firme.
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Según los magistrados, esto viola la Constitución Nacional. Sostienen que el principio de inocencia permanece hasta que la Corte Suprema agote los recursos.
El artículo 248, modificado por la ley, permitiría ejecutar condenas mientras haya apelaciones extraordinarias. Esto contradice la jurisprudencia nacional, que exige firmeza definitiva para aplicar una pena.
“El estado de inocencia no se pierde por una condena sin sentencia firme”, afirma el texto judicial. El recurso cita precedentes de la Corte Suprema y fallos federales para sostener esta tesis.
La reforma fue aprobada en una sesión extraordinaria de la Legislatura el 27 de febrero. El Poder Ejecutivo la promulgó el 19 de marzo. La publicó el 28 de ese mismo mes.
El oficialismo busca validar la medida con un referéndum. Coincidiría con las elecciones nacionales de octubre. En esa instancia se renovarán dos bancas de diputados nacionales por Chubut.
La asociación judicial considera inaceptable someter esta cuestión al voto popular. Argumenta que se trata de derechos constitucionales que no deben depender de mayorías coyunturales.
La demanda solicita una medida cautelar urgente. Pide frenar el avance del proceso electoral hasta que se resuelva la constitucionalidad de la ley.
Los magistrados citan el artículo 18 de la Constitución Nacional. Este garantiza el estado de inocencia y establece límites claros a la ejecución de penas.
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Estaba embarazada y murió su beba: madre denuncia falta de profesionales de guardia de Pico TruncadoEl recurso también menciona el artículo 271 de la Constitución provincial. Critican su uso para aplicar una reforma que, según ellos, exige otro procedimiento más complejo y participativo.
La AMFJPCH considera que se vulneraron reglas básicas del derecho público provincial. Reclaman que no hubo consulta previa ni acuerdo político amplio.
Cuestionan la falta de debate jurídico antes de la votación legislativa. Señalan que el proyecto no pasó por colegios profesionales, universidades ni instituciones judiciales.
La comparación con la Ley de Ficha Limpia también fue impugnada. Los magistrados dicen que impedir una candidatura no es equivalente a eliminar garantías institucionales.
La demanda remarca el carácter esencial de las inmunidades funcionales. Asegura que suprimirlas debilita la división de poderes y expone a los jueces al hostigamiento político.
Los jueces mencionan ataques públicos recientes del gobernador a integrantes del Poder Judicial. Esto refuerza su argumento sobre la necesidad de preservar la autonomía de la función judicial.
“Estas garantías no protegen a la persona, protegen a la función”, sostiene la demanda. La frase resume el eje conceptual del planteo.
Se citan fallos de la Corte Suprema que avalan la existencia de fueros institucionales. También se resalta que su eliminación podría causar un desequilibrio grave en la estructura republicana.
La AMFJPCH plantea que se debe reforzar el control institucional, no debilitarlo. Frente al avance del poder político, los contrapesos constitucionales deben aumentar.
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El recurso pide evitar el “autoritarismo de los ejecutivos”. Sostiene que las inmunidades frenan abusos y garantizan decisiones judiciales libres.
También destaca la importancia del debido proceso. Ejecutar una condena sin sentencia firme equivale a castigar sin certeza jurídica.
La asociación remarca que no se opone a la transparencia ni a la austeridad. Pero exige respeto por el marco constitucional y los derechos fundamentales.
El pedido de inconstitucionalidad incluye una reserva para acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Argumentan que están en juego garantías federales y principios fundamentales del sistema democrático.
Se espera una respuesta rápida del Tribunal Superior de Justicia de Chubut. La cautelar busca impedir que avance una votación popular sobre una norma que podría resultar inválida.
“El respeto a la Constitución está por encima de toda urgencia política”, concluye la presentación. El conflicto ya está en marcha. Y marcará un precedente institucional para todo el país.
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