Espionaje: Encontraron un microfono oculto en la oficina de la intendenta
Política11/05/2025
Sergio Bustos
La intendenta denunció espionaje.
Una denuncia por espionaje político sacude al Alto Valle luego de que la intendenta de Ingeniero Huergo descubriera un micrófono oculto en su despacho. El dispositivo fue encontrado gracias a un barrido electrónico realizado por una empresa de ciberseguridad, tras semanas de sospechas por filtraciones de conversaciones privadas.
Silvia Penilla, actual jefa comunal de la localidad, comenzó a notar que algunas decisiones o comentarios realizados en reuniones cerradas aparecían en boca de personas ajenas al municipio. Esto generó inquietud, especialmente cuando se conocieron datos que sólo habían sido compartidos con un interlocutor de su máxima confianza.
Las sospechas aumentaron con el tiempo y, ante la falta de explicaciones racionales, Penilla decidió encargar una revisión técnica completa de su oficina. El resultado fue impactante: detectaron un micrófono oculto en el cielorraso del despacho oficial, ubicado en una zona con acceso restringido.
El aparato no estaba a simple vista ni emitía señales evidentes. Su detección solo fue posible gracias al uso de equipos especializados que detectan emisiones electromagnéticas y radiofrecuencias, tecnologías comunes en dispositivos diseñados para espionaje encubierto.
La empresa que realizó el barrido confirmó que el micrófono estaba conectado por cable a una cámara de seguridad instalada en el lugar. Esto permitía acceder al audio en tiempo real mediante plataformas digitales, como aplicaciones móviles o páginas web con servicio de monitoreo.
OTRAS NOTICIAS
Ante el hallazgo, Penilla acudió primero a la comisaría local para denunciar el hecho, y luego presentó una denuncia penal por escuchas ilegales ante la Justicia. La fiscalía descentralizada de Villa Regina tomó intervención inmediata y ordenó un allanamiento para retirar el artefacto y preservar pruebas.
Brigadas de investigaciones y peritos de criminalística ingresaron a la municipalidad para retirar el dispositivo detectado y comenzar la pesquisa judicial. El micrófono fue secuestrado como evidencia y ahora forma parte de una investigación por espionaje ilegal, un delito penado por el Código Penal.
Penilla habló públicamente sobre el episodio, visiblemente afectada por lo ocurrido. “Siempre sospeché, me preguntaba cómo sabían lo que íbamos a hacer”, afirmó. También aseguró que “las conversaciones filtradas eran entre dos personas, en un espacio completamente privado”.
La intendenta explicó que la sospecha existía desde el primer día de su gestión. En varias oportunidades bromeó con su equipo sobre la posibilidad de que los estuvieran escuchando, pero nunca imaginó que esa idea podía tener fundamento real.
Penilla descartó que el dispositivo se hubiera instalado durante su mandato, ya que, según sus palabras, “no falté nunca, y cuando no estoy, la oficina permanece cerrada con llave”. Esto refuerza la hipótesis de que el micrófono fue colocado durante la gestión anterior.
El aparato no emitía sonido en tiempo real por radiofrecuencia, sino que funcionaba como un canal de audio vinculado a una cámara del sistema de seguridad ya instalado en el edificio. Quien accedía a esa señal podía escuchar lo que ocurría en la oficina.
Hasta el momento, no se identificaron responsables directos ni se conoció si hubo registros de audio almacenados. La Justicia analiza el sistema de cámaras y sus accesos remotos, ya que el micrófono aprovechaba una red existente de monitoreo.
El hecho causó conmoción entre los trabajadores municipales y en la comunidad política de Ingeniero Huergo. La noticia se difundió rápidamente en la región y varios intendentes expresaron su solidaridad con Penilla, al considerar el episodio como un hecho gravísimo.
OTRAS NOTICIAS
El Concejo Deliberante local exigió información sobre la instalación de las cámaras de seguridad, su mantenimiento, y quién administraba el sistema antes de la gestión actual. También pidieron informes técnicos sobre posibles vulneraciones del sistema municipal.
Desde la fiscalía señalaron que el micrófono podría haber sido manipulado desde cualquier dispositivo con acceso a la red de cámaras. Este tipo de monitoreo remoto es común en servicios de seguridad privados, lo que plantea dudas sobre los protocolos aplicados por la gestión anterior.
Peritos de informática forense trabajarán sobre los registros digitales del sistema para rastrear conexiones, accesos y cualquier posible intervención externa o interna. También buscarán establecer si hubo descargas de audio o intervenciones sistemáticas.
La denuncia penal se enmarca dentro de la normativa que prohíbe la obtención ilegal de información privada, especialmente en ámbitos institucionales. El espionaje político o institucional sin orden judicial constituye un delito federal grave.
Penilla manifestó que no teme por lo que pudo haber dicho en sus reuniones. “No tengo miedo de nada, no dije nada malo, pero quiero saber quién fue y con qué objetivo”, afirmó en declaraciones radiales.
La investigación judicial avanza con la recolección de pruebas técnicas y testimoniales. Por el momento, no se descartan hipótesis y se baraja la posibilidad de un espionaje político con fines de sabotaje o presión interna.
Técnicos municipales colaboran con la fiscalía para revisar todos los dispositivos instalados en el edificio. Se busca determinar si existen otros elementos ocultos o conexiones que comprometan la seguridad institucional.
OTRAS NOTICIAS
Este episodio abrió un debate urgente sobre los sistemas de seguridad digital en edificios públicos y la necesidad de controles periódicos. Especialistas en ciberseguridad sugieren realizar barridos electrónicos cada seis meses en oficinas sensibles, especialmente en municipios.
También se cuestiona la contratación de servicios privados sin auditoría. Muchas cámaras ofrecen audio en suscripciones comerciales, algo que no siempre se controla ni se desactiva al finalizar gestiones anteriores.
La fiscalía no descarta citar a exfuncionarios o contratistas municipales que hayan tenido relación con la instalación o gestión del sistema de monitoreo. Toda la estructura de seguridad se encuentra bajo revisión judicial.
El micrófono secuestrado será peritado para conocer su antigüedad, capacidad y sistema de transmisión. También se verificará si fue manipulado recientemente o si permaneció activo durante un período largo sin detección.
Mientras tanto, Penilla ordenó el reemplazo completo del sistema de vigilancia del edificio comunal. La medida busca garantizar condiciones mínimas de privacidad y evitar futuros riesgos de espionaje.
El caso podría marcar un antes y un después en la administración municipal de Huergo. La comunidad sigue de cerca las novedades de una causa que involucra derechos fundamentales, como la privacidad y la integridad institucional.
La investigación continúa y promete nuevas revelaciones. El escándalo por espionaje no solo sacudió la política local, sino que también dejó al descubierto una alarmante falta de controles en la gestión anterior.
Te puede interesar
