El oleoducto Vaca Muerta-Punta Colorada avanza tres meses adelantado
Sergio Bustos
Actualidad12/06/2025
Romina Diez.
El oficialismo busca avanzar con una reforma laboral integral. El proyecto ya ingresó en la Cámara de Diputados. Fue presentado por Romina Diez, con apoyo de 14 legisladores de La Libertad Avanza. Entre ellos, Espert y Bornoroni.
El objetivo es modificar la Ley de Contrato de Trabajo. El texto vigente tiene más de cuatro décadas. La propuesta oficialista plantea actualizaciones. También flexibilizaciones. Incluye temas salariales, indemnizaciones, licencias y vacaciones.
El proyecto apunta a la rigidez del sistema laboral. Así lo expresó Federico Sturzenegger. El ministro de Desregulación señaló que “Argentina tiene un arreglo salarial que es el mismo para todo el territorio nacional”.
Esa uniformidad, según el Gobierno, genera distorsiones. No permite considerar diferencias regionales. Tampoco reconoce niveles distintos de productividad. La propuesta busca permitir acuerdos por zona. “En algún momento esta rigidez la tendremos que plantear”, sostuvo el funcionario.
El proyecto introduce un cambio clave en la forma de pagar sueldos. Propone avanzar hacia convenios regionales. Usa como modelo a Alemania. También menciona el sistema italiano, aunque lo califica como menos eficiente.
El Fondo Monetario Internacional también presiona por estos cambios. En el último acuerdo, el organismo incluyó entre sus condiciones reformas estructurales. Pidió flexibilizar el mercado laboral. También modificar el régimen previsional e impositivo.
El FMI plantea que se deben eliminar barreras. Especialmente, las que separan el empleo formal del informal. El informe destaca que la Argentina tiene un 42% de informalidad laboral. Una cifra alarmante.
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El proyecto busca simplificar el vínculo empleador-trabajador. Uno de los cambios centrales propone habilitar acuerdos con control administrativo. Es decir, cambios legales con intervención del Ministerio o Secretaría laboral de cada jurisdicción.
La reforma incluye varios puntos técnicos. Establece un plazo de 30 días para impugnar sanciones. Pasado ese plazo, se considera que el trabajador aceptó la sanción. Es un cambio que preocupa a los gremios.
Se incorporan beneficios sociales al artículo 103 bis. Se incluye el gimnasio, el acceso a internet, la cuota de clubes y el uso de celulares. Estos beneficios no se incluirán en la base de aportes a la seguridad social.
También se propone actualizar el contenido de los recibos. Se detallan los requisitos que debe cumplir cada recibo. Además, obliga a guardarlos por todo el período de prescripción salarial.
La iniciativa legaliza el fraccionamiento de vacaciones. El texto habilita dividir el descanso en varias etapas del año. Cada período debe durar al menos siete días. También garantiza el mismo período de descanso para matrimonios en un mismo empleo.
Enfermedades inculpables también tienen cambios. El salario de los trabajadores con comisiones se calculará según el promedio del semestre. Nunca podrá ser menor al salario sin enfermedad. Esto intenta evitar descuentos encubiertos.
Las indemnizaciones también serán revisadas. Si un trabajador reingresa a la empresa y vuelve a ser despedido, la indemnización previa deberá actualizarse. Se suma al nuevo monto total.
Los créditos laborales sumarán un interés adicional. Se aplicará el IPC más un 3%. Es una fórmula utilizada en varios tribunales del país. Se busca unificar el criterio judicial.
Pequeñas y medianas empresas tendrán facilidades para pagar condenas. Podrán hacerlo en hasta 12 cuotas mensuales. Con actualización por ley. El punto busca evitar la quiebra de empleadores menores tras fallos judiciales.
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La CGT rechazó la iniciativa. Aseguró que se trata de un intento de vaciamiento de derechos. Anticipó resistencia. Planteó que la reforma ataca la columna vertebral del derecho laboral argentino.
El Gobierno sostiene que busca modernizar relaciones laborales. Considera que los actuales convenios no se ajustan a la economía real. Insiste en que la reforma busca generar empleo formal y atraer inversiones.
Los gremios dudan del verdadero impacto. Temen que se promuevan despidos más baratos. Que los convenios regionales fragmenten la organización sindical. Que se debiliten las negociaciones colectivas.
El debate se traslada al Congreso. Allí se medirá la correlación de fuerzas. La Libertad Avanza necesita aliados. El PRO y algunos sectores radicales ven con buenos ojos algunos puntos. Otros esperan correcciones.
El oficialismo considera que el mercado laboral argentino está detenido. Culpa a la rigidez legal. A los juicios laborales. A los altos costos de despido. A la injerencia sindical.
La CGT sostiene lo contrario. Plantea que la informalidad se relaciona con la caída del empleo formal. Con la presión fiscal. Con la falta de controles. Y con la ausencia del Estado en los territorios.
La oposición se encuentra dividida. Algunos bloques reclaman una reforma progresiva. Otros temen que la propuesta oficial avance con retrocesos. El debate abrirá nuevas tensiones.
Empresarios apoyan gran parte del proyecto. Aplauden la flexibilización. Piden estabilidad legal. Demandan previsibilidad. Pero también reclaman acompañamiento impositivo.
Analistas advierten que la desigualdad regional puede crecer. Si los salarios se negocian por zona, provincias menos desarrolladas pueden quedar rezagadas. También podría aumentar la precarización.
El debate laboral ya no se puede postergar. Pero el cómo y el cuándo dividen. El proyecto oficial llegó con fuerza. Pero el consenso todavía no existe.
La negociación será clave. El Congreso deberá revisar punto por punto. La calle también tendrá su voz. Los gremios anticipan movilizaciones. La tensión está en marcha.
La reforma laboral es uno de los ejes del año. Para Milei, es un mandato ideológico. Para el FMI, una condición. Para los trabajadores, una amenaza. Para la Argentina, un nuevo conflicto en puertas.
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