Ministerio de Economía de Nación.
El impuesto a los Ingresos Brutos volvió al centro del debate. El Gobierno analiza su reemplazo por una sobrealícuota del IVA nacional. El ministro Luis Caputo deslizó esa posibilidad en reuniones recientes.
Ingresos Brutos es el tributo más distorsivo del país. Grava cada etapa de producción. Aumenta artificialmente los precios. No tiene devolución en frontera. Ningún país desarrollado aplica algo similar.
El sistema argentino muestra una excepción fiscal. Los países de la OCDE priorizan el impuesto al consumo final. En Argentina, Ingresos Brutos superó el 4% del PBI en la última década.
El tributo supera incluso al impuesto a las Ganancias corporativas. Los gobernadores lo usan por su invisibilidad. Nadie lo ve en la góndola. Pero todos lo pagan. Ese ocultamiento lo vuelve funcional al poder político.
El Gobierno quiere avanzar hacia un esquema más transparente. Eliminar el efecto cascada. Trasladar la carga al consumo. Reducir el costo argentino.
El Consenso Fiscal de 2017 intentó este camino. Las provincias prometieron bajar alícuotas. Centrar el impuesto en ventas finales. Pero el acuerdo nunca se aplicó completamente.
Ahora vuelve la idea de un “super IVA”. Nación recauda. Luego distribuye. El modelo fue impulsado por FIEL. También por economistas cordobeses. El objetivo: eliminar Ingresos Brutos.
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El esquema tiene desafíos críticos. Requiere mantener recaudación sin subir la presión fiscal. Evitar conflictos entre provincias. Garantizar viabilidad administrativa. Nada sencillo.
La base imponible es uno de los dilemas centrales. Si cada provincia define qué actividades tributan, aparece la competencia fiscal. Y la guerra de alícuotas.
La alícuota también genera debate. ¿Debe ser única o variable? ¿Nacional o provincial? Una tasa única mantiene la presión, pero no corrige los desequilibrios territoriales.
Las provincias productivas perderían recaudación. Las provincias con más consumo podrían ganar. Buenos Aires y CABA rechazarían fórmulas redistributivas. Exigirían quedarse con lo recaudado.
FIEL estimó el impacto en 2015. Para reemplazar Ingresos Brutos sin perder recursos, el IVA debería subir entre 26% y 29%. Hoy el máximo regional es 22%, en Uruguay.
La presión tributaria podría crecer sin cambios de gasto. Si el Estado no ajusta su tamaño, el IVA necesitaría ser más alto. Ese nivel afectaría el consumo.
Caputo mencionó una fórmula tentativa. IVA nacional de 9%. Provincias suman su parte. El total seguiría en 21%. Pero no explicó detalles. La propuesta sigue en borrador.
El nuevo esquema tendría dos problemas principales. Redefinir la coparticipación. Y evitar que las provincias vuelvan a tributar sobre producción si no alcanzan con el nuevo IVA.
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Si no hay devolución en frontera, el problema persiste. Las provincias pueden generar distorsiones entre etapas o territorios. Sin IVA provincial a tasa cero, el sistema repetiría errores.
El sistema ideal necesita coordinación total. Pero las provincias priorizan su autonomía. Defenderán su recaudación. Buscarán esquivar fórmulas que las perjudiquen. La tensión está asegurada.
La evasión también preocupa. Si las alícuotas varían por provincia, aparecerán incentivos para ocultar operaciones. O para trasladar ventas a zonas de menor carga.
El Gobierno no tiene margen para perder recaudación. El equilibrio fiscal guía toda su política. Una reforma apresurada puede generar déficit. Ese riesgo preocupa al FMI.
El acuerdo con el Fondo exige reformas tributarias. El nuevo esquema debería implementarse en 2026. Este año debe presentarse el diseño. Los tiempos se acortan.
Las provincias temen perder poder. El nuevo modelo puede centralizar más recursos. Reducir margen de maniobra. Exponerlos ante sus propias ineficiencias. No lo aceptarán sin resistencia.
Los empresarios piden simplificación. Sufren las retenciones provinciales. La carga real supera la alícuota legal. Necesitan previsibilidad. Y reglas claras.
El sistema actual tiene múltiples regímenes. Percepciones. Retenciones. Anticipos. Todo suma. Todo recae sobre la actividad formal. El resultado es informalidad.
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El 42% de los trabajadores está fuera del sistema. El costo fiscal y legal desalienta el empleo registrado. La reforma busca reducir esa brecha. Pero aún no convence.
Los especialistas insisten en racionalizar el gasto. Sin reducción estatal, no hay alivio tributario. El Estado debe ajustarse. No solo los contribuyentes.
El IVA es visible. La gente lo nota en los tickets. Ingresos Brutos no. Por eso subsiste. Cambiar el sistema exige transparencia. Y decisión política.
Una reforma mal diseñada puede fallar. Como en 2017. Como en tantos intentos. La clave será el consenso. Y la ejecución técnica.
Ingresos Brutos distorsiona el sistema tributario. Aumenta precios. Penaliza la producción. Reduce competitividad. Pero reemplazarlo no será fácil.
El debate ya empezó. El final todavía no está claro. Las provincias discuten. Nación calcula. El FMI espera. Y la presión fiscal sigue intacta.
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