Preocupa la especulación inmobiliaria en zona productiva de Vaca Muerta

Actualidad13/05/2025

Especulación inmobiliaria en Vaca Muerta.

Un problema silencioso frena el avance de la minería argentina. Miles de áreas concesionadas siguen inactivas. No generan riqueza. No crean empleo. Solo permanecen en manos privadas para esperar su reventa.

Favio Casarín, geólogo y abogado, denunció la situación. De unas 3.000 concesiones mineras en el país, solo el 23 % produce riqueza. Las demás están paralizadas. Sirven para especular, no para extraer minerales.

“Es como tener un campo fértil y no cultivarlo”, explicó Casarín. La comparación ilustra el desaprovechamiento de recursos. Las empresas no invierten. No exploran. Solo retienen el derecho y esperan que aumente su valor.

El Código Minero actual permite ese mecanismo. Se sancionó en 1886. Fue diseñado para otra época. No exige inversiones mínimas ni plazos concretos. Solo solicita formularios, planes y un canon bajo.

El acceso a una concesión es muy sencillo. No se piden antecedentes técnicos. No se exige historial empresarial. El plan de trabajo puede quedar sin cumplimiento. Las excusas permiten estirar los tiempos.

La ley acepta retrasos sin sanción efectiva. El mal clima, la falta de rutas o el rechazo social se usan como justificación. Las prórrogas se conceden sin verificación. Así pasan los años.

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El Código admite plazos de hasta 1.100 días. Casi tres años sin movimiento real. Casi tres años sin inspección. Casi tres años donde todo puede frenarse sin consecuencias ni retiro de permisos.

Las provincias son dueñas del subsuelo. Pero no tienen control total sobre las concesiones. El marco legal es nacional. Muchas jurisdicciones carecen de recursos para fiscalizar. No hay móviles. No hay personal.

San Juan financia sus inspecciones con regalías. Pero otras provincias no producen y no recaudan. No pueden verificar si hay actividad. No saben si se cumple lo prometido. El control desaparece.

Casarín propone una reforma de fondo. “Hay que derogar el Código y crear una ley minera moderna”, afirmó. Insistió en empoderar a las provincias. Comparó con el modelo petrolero, que da mayor control.

Con más autonomía, las provincias podrían recuperar concesiones. También podrían reasignarlas si no hay avances. Podrían fijar sus reglas. Podrían exigir desarrollo o liberar el área. Hoy no tienen esa herramienta.

El tema llegó a la Cámara de Diputados. La Comisión Permanente de Minería inició conversaciones. No hay un proyecto en marcha, pero hay voluntad de discutir. El reclamo comienza a subir de tono.

Walberto Allende preside esa comisión legislativa. En una reunión reciente, alertó sobre el problema. Confirmó que miles de concesiones están paralizadas. Aceptó que el Código favorece la especulación más que la inversión.

“Estas concesiones las tiene cualquiera, no invierten”, dijo Allende. Denunció que muchas se sostienen con fondos públicos o privados. No producen. Pero ganan con la reventa del derecho. Transforman el permiso en una escritura.

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La minería se convierte en negocio inmobiliario. El título se vende. El área se transfiere. El recurso queda sin explorar. Nadie extrae nada. Pero alguien se enriquece. El Código lo permite.

El sistema no contempla sanciones por inacción. Las concesiones no caducan. No se reasignan. Quedan detenidas en manos inactivas. El resultado es el estancamiento. El mercado se cierra. Las oportunidades se pierden.

Allende propuso crear plazos razonables. Si no hay avances, el permiso debería pasar a otro actor. “Sería positivo fijar condiciones de producción”, explicó. Hoy eso no existe. Hoy todo puede frenarse.

El cambio necesita una ley nueva. Una norma moderna, que obligue a invertir. Que dé poder a las provincias. Que fije metas y castigos. Que libere áreas para quienes sí quieran trabajar.

Representantes de la Mesa del Litio y del Cobre apoyaron la discusión. También participaron funcionarios de provincias patagónicas. Todos coincidieron en la necesidad de revisar el marco jurídico actual.

La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) respaldó el debate. Aceptó que hay abuso. Apoyó la idea de revisar los plazos. La industria reconoce que la especulación perjudica al conjunto.

Casarín insistió con su propuesta. “Concesión sin producción es concesión mal usada”, dijo. Y agregó: “Las provincias necesitan herramientas para actuar. Si no hay avance, deben poder recuperar el área”.

Las provincias quieren decidir sobre su subsuelo. Hoy dependen de un Código de otro siglo. Las herramientas actuales no sirven. No permiten impulsar el desarrollo. Solo mantienen el problema.

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El debate recién comienza. La presión social, empresarial y académica crece. La minería necesita reglas claras. No puede seguir sin rumbo. No puede depender del azar. No puede servir solo para especular.

Argentina tiene un enorme potencial geológico. Pero no lo aprovecha. No lo activa. No lo transforma en empleo. Las concesiones dormidas frenan todo. El sistema legal actual bloquea la salida.

Las consecuencias impactan en toda la economía. Sin producción no hay regalías. Sin regalías no hay inversión pública. Sin desarrollo no hay infraestructura. El círculo se repite. El atraso se impone.

Cambiar el Código Minero puede destrabar el futuro. Puede abrir nuevos proyectos. Puede atraer inversores reales. Puede generar empleo local. Puede aumentar exportaciones. Puede evitar el estancamiento.

La minería necesita producir, no especular. La riqueza no se extrae con papeles. No se genera con escrituras. Requiere maquinaria, inversión, compromiso, licencias y controles. Requiere un nuevo marco normativo.

El desafío ya está sobre la mesa. El Congreso debe actuar. Las provincias deben recuperar protagonismo. Los recursos naturales no pueden quedar inmovilizados. El país necesita una minería que produzca, no que duerma.