Caso $LIBRA: la Justicia requiere información bancaria y bursátil de Javi­er y Karina Milei

La causa que investiga la presunta estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA continúa en plena fase de investigación. La jueza María Servini ordenó recientemente medidas que afectan las finanzas de Javier Milei, presidente de la Nación, su hermana Karina, así como de varios empresarios y exfuncionarios, en busca de esclarecer el origen y evolución de sus patrimonios desde 2023.

A partir de un pedido del fiscal federal Eduardo Taiano, la magistrada dispuso el levantamiento del secreto bancario y bursátil tanto del jefe de Estado como de sus allegados, específicamente de los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y del exasesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales. La intención es obtener un análisis exhaustivo de sus movimientos financieros y patrimoniales, en particular en relación con los valores negociables y acciones vinculadas a la criptomoneda en cuestión.

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En concreto, se solicitaron informes al Banco Central y a la Secretaría para la Investigación Financiera, incluyendo datos del “Régimen Informativo Contable Mensual”, para conocer las instituciones financieras con las que estos individuos operaron desde 2023. Además, se ordenó recopilar información sobre tenencia de bonos, acciones o títulos bursátiles relacionados con las empresas involucradas, y se pidió también el saldo de estos activos al cierre de 2022.

Estas medidas forman parte de una estrategia para detectar posibles inconsistencias en la evolución económica y patrimonial de quienes están bajo investigación, que también incluye la posible obtención de activos ilícitos vinculados con la emisión y el valor de $LIBRA. El expediente principal fue iniciado tras una denuncia que señala que el precio de la criptomoneda, inicialmente valuada en USD 0,01, experimentó una suba exponencial hasta cerca de USD 5 tras la publicación de mensajes en redes sociales del presidente, para luego desplomarse abruptamente, recuperándose parcialmente tras operaciones de venta y la supuesta utilización de información privilegiada.

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Las indagatorias se extendieron a la manipulación de datos bursátiles y a las operaciones que habrían generado unos 100 millones de dólares en retiros, presuntamente mediante wallet addresses controladas por los principales actores del token.

El caso también contempla una denuncia contra Karina Milei, acusada de recabar coimas para facilitar entrevistas con su hermano. Además, la pesquisa central se ha vinculado a un expediente de caudal patrimonial reservado, en el que también se analiza si los movimientos financieros y patrimoniales de los implicados reflejan ganancias ilícitas o inconsistencias relevantes.

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La investigación continúa en marcha, con la jueza Servini enfatizando la necesidad de recopilar toda la información financiera posible para determinar si las operaciones y movimientos económicos de los involucrados corresponden con sus declaraciones patrimoniales, y si hubieron maniobras para beneficiar la circulación y valorización de la criptomoneda en un contexto de presunta estafa.

Fuente: Clarín