Conflicto por parador en Las Grutas.
El conflicto por la concesión del parador de la Quinta Bajada ingresó en una etapa definitoria. El Concejo Deliberante comenzó el tratamiento del decreto enviado por el Ejecutivo, que busca rescindir el contrato por reiteradas faltas de la empresa concesionaria.
Guillermo Masch, concejal del bloque Nos Une Río Negro, confirmó el avance del proceso. “Se trató el decreto del intendente y hoy continúan las plenarias”, explicó. Señaló que se debatirá en profundidad el destino del lugar y las condiciones futuras de su uso.
El Ejecutivo tomó la decisión tras acumular pruebas de incumplimientos contractuales. Las infracciones incluyen obras no autorizadas, eventos fuera del horario permitido y uso comercial por fuera de lo estipulado. “No se ha cumplimentado prácticamente nada”, advirtió Masch.
El edil remarcó la gravedad del caso. Dijo que permitir que esta situación continúe sin sanción “sería habilitar a otros concesionarios a actuar del mismo modo”. Subrayó que la falta de control no puede repetirse en otros espacios turísticos.
Masch sostuvo que hay consenso generalizado para avanzar con la recisión. Aseguró que la mayoría de los bloques comparte el diagnóstico sobre el incumplimiento del pliego original. “El Ejecutivo avanzó con todas las multas e infracciones cometidas”, confirmó.
La concesión actual está vencida en lo simbólico y en lo operativo. La empresa no respetó las cláusulas del contrato ni respondió a las advertencias formales. El deterioro de la relación con el Estado local resulta irreversible.
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El parador se ubica en un punto clave del turismo regional. La Quinta Bajada concentra gran parte del movimiento estival en Las Grutas. Su infraestructura tiene alta visibilidad y fuerte impacto económico en la temporada alta.
La pérdida de control sobre su funcionamiento generó quejas vecinales. Habitantes de la zona denunciaron ruidos molestos, circulación nocturna y falta de limpieza. Las denuncias llegaron al Concejo a través de múltiples canales formales.
Las irregularidades también afectaron la imagen turística de la localidad. La falta de cumplimiento del reglamento perjudicó la experiencia de visitantes. También provocó malestar entre operadores que sí respetan las normas.
La recisión implica la necesidad de una nueva licitación. Masch anticipó que se deberá discutir un nuevo pliego. El documento deberá reflejar las necesidades actuales del lugar y corregir los vacíos del contrato anterior.
“Se va a tener que volver a discutir el pliego para definir qué se quiere para esa concesión”, planteó Masch. Remarcó que el debate no se limitará a cuestiones técnicas, sino que incluirá la visión del modelo turístico.
Desde el bloque Compromiso Ciudadano también expresaron respaldo a la medida. Confirmaron que el decreto se recibió formalmente en el Concejo. Dijeron que el Ejecutivo actuó dentro de sus atribuciones, respaldado por un dictamen legal de la asesora letrada municipal.
Los concejales señalaron que es momento de abrir una etapa nueva. “Ahora se abre la posibilidad de generar una nueva concesión del lugar”, indicaron. La expectativa se centra en establecer un esquema más riguroso y sostenible.
Los representantes de Compromiso Ciudadano exigieron que se mantengan las restricciones anteriores. Principalmente, pidieron sostener la prohibición de actividades nocturnas. “Sería muy contradictorio que ahora se discuta habilitar la nocturnidad”, remarcaron.
Uno de los incumplimientos más notorios fue la habilitación de eventos nocturnos. El concesionario permitió fiestas y actividades fuera de horario. Esa situación motivó buena parte del rechazo social y político que ahora desemboca en la recisión.
El intendente remitió el decreto tras una serie de informes técnicos. El proceso administrativo se basó en relevamientos, inspecciones y dictámenes legales. La iniciativa no surgió de un conflicto político, sino de la acumulación de pruebas objetivas.
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La situación legal es clara, según los ediles. El contrato permite rescindir ante incumplimientos graves y sostenidos. Las infracciones ya no admiten una instancia de mediación ni prórrogas excepcionales.
La Quinta Bajada es parte del patrimonio turístico local. Su uso exige respeto por normas urbanísticas, medioambientales y sociales. El nuevo pliego podría incluir criterios más exigentes en esos aspectos.
La ciudadanía espera una definición rápida. Residentes, comerciantes y trabajadores plantearon que la indefinición genera incertidumbre y deteriora el entorno urbano. También preocupa la pérdida de empleos temporales si el lugar queda inactivo.
Algunos sectores piden incluir cláusulas de protección laboral. La próxima concesión debería prever la continuidad del personal ya capacitado. El municipio evalúa esa posibilidad, aunque aún no lo confirmó.
Organizaciones ambientalistas presentaron propuestas para el nuevo pliego. Plantean que el uso del espacio contemple criterios de sustentabilidad, control de residuos y eficiencia energética. Quieren evitar la repetición de malas prácticas.
El turismo demanda espacios con reglas claras. El caso de la Quinta Bajada refleja la importancia de aplicar sanciones a tiempo. También muestra la necesidad de un control activo durante todo el año.
El Concejo busca evitar futuras situaciones similares. Los bloques ya trabajan en una revisión general del sistema de concesiones. Apuntan a crear herramientas de auditoría periódica y sanciones automáticas.
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El municipio no descarta ampliar los mecanismos de control. La creación de un observatorio turístico o una comisión de seguimiento aparecen como alternativas. El objetivo es anticipar problemas, no reaccionar tarde.
La nueva licitación debería abrirse en el corto plazo. El Gobierno local quiere tener todo listo antes de la próxima temporada. No quiere que la playa llegue con servicios limitados o espacios cerrados.
La transparencia será uno de los ejes del proceso. El Ejecutivo adelantó que publicará las bases del pliego y abrirá la convocatoria de forma pública. Se priorizará la idoneidad técnica y el cumplimiento histórico.
Los concejales coinciden en que este caso marcará un precedente. Servirá para fijar límites a quienes acceden a concesiones públicas. También para reforzar la credibilidad institucional frente a la ciudadanía.
La definición se conocerá en las próximas sesiones. El tratamiento legislativo está en curso. Todo indica que el contrato actual finalizará. El municipio se prepara para una nueva etapa en la Quinta Bajada.
El parador necesita un nuevo rumbo. La comunidad turística espera un servicio acorde a la demanda. La oportunidad de mejorar está en manos del Estado y del próximo concesionario. Las reglas deberán cumplirse desde el primer día.
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