Los dólares del colchón.
El Gobierno desechó la idea de un blanqueo fiscal permanente. En su lugar, trabaja en una propuesta que permitirá a los ahorristas ingresar dólares no declarados al sistema bancario. La nueva iniciativa no requerirá un marco legal complejo ni la intervención del Congreso.
La nueva herramienta se denomina “ficha limpia” y busca facilitar el ingreso de dólares atesorados. El mecanismo se activará mediante una declaración jurada simple. El ahorrista firmará que el dinero tiene origen lícito. No habrá controles adicionales por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
El ministro Luis Caputo lidera esta nueva estrategia. Su objetivo es captar parte de los más de u$s200.000 millones que están fuera del circuito formal. Son ahorros que la clase media y media alta conserva por desconfianza en el sistema financiero.
La propuesta no incluirá sanciones ni impuestos. No se cobrará multa ni se exigirá tributo sobre los depósitos. El incentivo será la facilidad para ingresar los fondos sin generar alertas fiscales. “Queremos que el ahorrista confíe y se anime a bancarizarse”, dijo una fuente oficial.
El esquema evita el uso de una ley nueva. No pasará por el Congreso. No requiere aprobación parlamentaria. La medida se firmará por resolución o decreto simple. De esta forma, se evitarán las trabas políticas que enfrentó el blanqueo de 2024.
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La Constitución prohíbe decretos en materia tributaria. También impide usar un DNU para regular exenciones o amnistías. La ley de capitales sancionada en 2024 impide otro blanqueo hasta 2038. Por eso, esta ficha limpia no será un blanqueo tradicional.
El Gobierno evita nombrar la palabra “blanqueo”. Prefiere hablar de sinceramiento. De legalización de tenencia. De mecanismo transparente. La clave está en que “la persona solo deberá decir que el dinero es lícito y nada más”.
Los depósitos serán aceptados en bancos sin verificación de ARCA. Esa omisión marcará un giro respecto de medidas anteriores. No se cruzará información con declaraciones juradas. No se exigirá documentación de respaldo. Solo bastará la palabra del depositante.
El Estado confiará en el ciudadano. Esa es la premisa. El enfoque busca salir del esquema punitivo. El Gobierno pretende que la confianza sea la puerta de entrada a un nuevo vínculo con el ahorrista informal.
Los bancos recibirán los dólares sin reportar origen. Pero seguirán obligados a informar operaciones sospechosas. No habrá excepciones a las normas antilavado. Deberán equilibrar su deber regulatorio con el nuevo régimen propuesto.
El Gobierno cree que la medida ayudará a recomponer reservas. Estiman que el potencial es enorme. Calculan que una fracción mínima del dinero informal permitiría sumar divisas clave. Las autoridades destacan que “ni el blanqueo de 2016 logró tanto volumen en tan poco tiempo”.
Los dólares que ingresen podrán utilizarse libremente. Se podrán dejar en cuentas, comprar bonos o hacer transferencias. La operatoria no tendrá límites. El Gobierno busca reactivar el vínculo entre ahorrista y sistema bancario.
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El anuncio llegará en medio de un cambio de clima. Tras el acuerdo con el FMI, la baja de la brecha cambiaria y el control del gasto, el Gobierno ve una ventana de oportunidad. El momento parece adecuado para proponer una salida pragmática.
El bono en dólares que lanzará el Tesoro complementa esta iniciativa. Se podrá suscribir con billetes guardados en casa. El objetivo es doble: captar ahorro y evitar presión sobre el dólar libre. “Hay espacio para absorber sin saltos del tipo de cambio”, dicen en Economía.
Los tributaristas tienen opiniones divididas. Algunos ven riesgos jurídicos. Otros creen que el sistema puede funcionar si se ajusta a las normas. Coinciden en que “es mejor que nada, pero no es una solución estructural”.
Advierten sobre posibles reclamos judiciales. Alegan que el nuevo mecanismo puede violar normas tributarias. Otros temen que se transforme en un atajo para dinero ilícito. El punto más sensible será la capacidad de control de los bancos.
Los bancos serán clave en la implementación. Si aceptan los depósitos sin reparos, la medida podrá avanzar. Pero si dudan, la desconfianza se mantendrá. La relación entre el sistema financiero y el ahorrista informal es frágil.
El sistema apuntará principalmente a sectores medios. Muchos de ellos recurrieron al dólar blue por necesidad. No accedieron al oficial. Compraron sin registrar. El Estado los considera una parte legítima de la economía.
El objetivo es incluir, no castigar. Por eso no habrá sanción retroactiva. No se revisará el pasado. Solo se abrirá una puerta para que esos fondos circulen. “No queremos juzgar, queremos reencauzar”, aseguran desde el entorno presidencial.
La UIF deberá definir su postura. El Gobierno apuesta a que no se oponga. Cree que una postura flexible permitirá avanzar sin obstáculos. La cooperación institucional será vital para evitar conflictos normativos.
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La medida se presentará como una excepción regulatoria. No como un nuevo régimen legal. Será transitoria. No reemplazará las normas vigentes. Solo se aplicará a quien quiera ingresar dinero informal al sistema de manera voluntaria.
No se exigirá justificación documental. Solo la declaración jurada. Esa firma alcanzará para abrir una cuenta y depositar. Será una vía rápida. Pensada para quien no quiere pasar por un blanqueo formal.
El Gobierno insiste en que la medida cumple normas internacionales. Cita la guía del GAFI. Muestra ejemplos de otros países. Remarca que la ficha limpia “no es una amnistía, es un puente”.
Las entidades financieras piden mayor precisión. Esperan la resolución final. Temen que el mecanismo sea atacado judicialmente. Pero algunos bancos privados ya lo ven con buenos ojos. Entienden que puede oxigenar sus cuentas en dólares.
La clave será la confianza. El ahorrista debe creer que no tendrá problemas. El Estado debe cumplir su promesa de no castigar. Y los bancos deben acompañar con reglas claras. La ficha limpia depende del comportamiento colectivo.
El anuncio oficial se hará en los próximos días. Se prepara una campaña explicativa. El objetivo será mostrar que “el Gobierno quiere regularizar sin perseguir”. Buscarán el apoyo del sector financiero y de economistas afines.
Se espera una resolución de ARCA que habilite el sistema. No requerirá dictámenes del Congreso. Solo el aval técnico del Ministerio de Economía y del BCRA. Será una medida administrativa.
El Presidente avaló la iniciativa. Cree que “es una señal concreta a la clase media que ahorró fuera del sistema”. También considera que puede marcar un cambio cultural.
El Gobierno quiere que la ficha limpia sea el inicio de una nueva relación entre el Estado y el ahorrista. Una relación basada en la confianza. En la palabra. En la voluntad de volver a confiar en los bancos sin miedo a perder.
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