$LIBRA
La investigación sobre el escándalo del token $LIBRA seguirá en manos del Ministerio Público Fiscal. El Gobierno nacional disolvió este martes la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada en febrero para analizar los vínculos entre el Ejecutivo y la promoción del criptoactivo. La decisión fue tomada luego de que la información recabada fuera remitida a la Justicia.
La medida quedó formalizada mediante el Decreto 332/2025, firmado por Javier Milei y el ministro Mariano Cúneo Libarona. Según se expresa en el texto, la unidad “ha dado cumplimiento a la labor encomendada” por el Decreto 114/25. En ese marco, se considera cumplido su objetivo y se procede a su cierre.
La UTI había sido creada tras las denuncias por presuntas estafas vinculadas a la abrupta suba y caída del token $LIBRA. Esta criptomoneda fue mencionada por el propio Presidente el 14 de febrero en una publicación en X. Su valor se disparó minutos después, pero se desplomó casi de inmediato, generando sospechas.
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El caso cobró mayor atención cuando se conoció que billeteras virtuales con alto volumen de activos habían retirado fondos justo después de la promoción. Usuarios denunciaron haber sido víctimas de un esquema especulativo que afectó sus ahorros. La difusión del criptoactivo por parte del Presidente se convirtió en el centro del debate.
La UTI tenía amplias facultades para solicitar información a organismos públicos, provincias y entes internacionales. También podía convocar expertos, gestionar requerimientos judiciales y denunciar intentos de ocultamiento de pruebas. Su función era estrictamente administrativa y documental.
La oficina fue parte de una estrategia de contención institucional impulsada en medio de fuertes críticas. El objetivo oficial era demostrar voluntad de esclarecer posibles irregularidades sin obstaculizar la investigación judicial. Concluida su tarea, se resolvió su disolución sin ampliaciones ni prórrogas.
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Días antes del estallido del escándalo, Milei se había reunido con representantes de KIP Protocol, la empresa detrás del proyecto. Según la versión oficial, la firma presentó el “Viva la Libertad Project”, destinado a financiar emprendimientos mediante tecnología blockchain. El contacto inicial fue interpretado como un aval político.
También participó Hayden Mark Davis, quien sería proveedor de la infraestructura tecnológica del token. Estos encuentros se realizaron en Casa Rosada y fueron reconocidos por el Ejecutivo. Sin embargo, se desligó a la Presidencia de cualquier beneficio económico en la operación del criptoactivo.
El Congreso creó una comisión investigadora legislativa en abril, pero aún no fue activada. La convocatoria a ministros clave como Cúneo Libarona y Luis Caputo no tuvo quórum, lo que frenó el avance parlamentario. Mientras tanto, el Ministerio Público continúa con el expediente.
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Desde la oposición advierten que el cierre de la UTI sin mayores resultados es un gesto simbólico más que una medida de transparencia. Aseguran que el Ejecutivo busca cerrar el tema rápidamente y minimizar el costo político. El episodio sigue generando tensión entre el oficialismo y otros bloques del Congreso.
Fuente: La Nación.
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