Se debatirá en la Legislatura rionegrina el acuerdo con el consorcio VMOS
Política21/05/2025
Sergio Bustos
Legislatura de Rio Negro.
Se debatirá en comisiones el acuerdo entre Río Negro y VMOS. El gobernador Alberto Weretilneck presentó el proyecto este lunes, luego de firmar el convenio con Gustavo Gallino, presidente del consorcio Vaca Muerta Oil Sur.
El tratamiento en el recinto será este jueves. La mayoría oficialista garantiza la aprobación. El Ejecutivo no espera modificaciones. Ya comenzaron las reuniones internas con legisladores aliados.
El acuerdo incluye 14 artículos y múltiples anexos. Establece pagos al Estado, venta de tierras públicas, estabilidad fiscal por 30 años y cesión de permisos ambientales. Los beneficios para el consorcio son amplios.
La Provincia recibirá 60 millones de dólares como bono inicial. Sin embargo, solo el 5% de ese monto se destinará a Sierra Grande. Ese porcentaje equivale a 3 millones de dólares.
Sierra Grande es la localidad que pondrá las tierras para la terminal petrolera. Allí se construirá la base operativa para exportar crudo desde Punta Colorada. Pero el reparto es desparejo.
“Ese dinero servirá para equipamiento u obras de infraestructura”, dice el texto. No se detallaron proyectos. No hay compromiso de ejecución. No hay control social sobre el destino de esos fondos.
El consorcio también aportará 40 millones de dólares anuales desde 2026. Serán trece pagos. El primero está previsto para el 27 de febrero de ese año. No hay monto específico reservado para Sierra Grande.
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El destino de esos fondos será definido por el Ejecutivo provincial. Las prioridades serán seguridad, salud e inversiones generales. Sierra Grande no tiene garantizado ningún porcentaje fijo.
La terminal petrolera ocupará 170 hectáreas de tierras fiscales. El terreno fue valuado en 2,04 millones de dólares. Incluye todo lo adherido y plantado. El Estado venderá el predio sin mecanismos de revisión.
Esas tierras pertenecen a la comunidad de Sierra Grande. La cesión no incluyó consulta popular. No se realizó audiencia pública. No hubo participación vecinal. La decisión fue unilateral.
El convenio incluye estabilidad fiscal por 30 años. La base impositiva será la del año 2024. No se podrán aplicar nuevos impuestos provinciales al consorcio ni a sus empresas vinculadas.
Ese beneficio también alcanza a prestadores logísticos y empresas marítimas. La Provincia se compromete a mantener las condiciones impositivas durante tres décadas. Un beneficio estructural sin contraprestación local.
El gobierno también instará a los municipios a adherir a esa estabilidad. Es decir, se sugiere que Sierra Grande tampoco aplique tributos nuevos sobre la actividad de VMOS.
No hay cláusulas que obliguen a la empresa a invertir en la ciudad. Tampoco hay exigencias sobre empleo local, provisión de bienes ni contratación de servicios regionales.
“Nosotros garantizamos todo esto por 30 años”, dijo Weretilneck. No aclaró qué garantiza VMOS a cambio para el pueblo que cede su tierra, su costa y su tranquilidad.
El acuerdo afirma que todos los permisos ambientales ya están otorgados. No habrá nuevas evaluaciones. Tampoco se prevé monitoreo local. Los estudios fueron realizados para YPF hace años.
VMOS hereda esas autorizaciones sin actualizar documentación. La terminal, el oleoducto y los barcos operarán bajo marcos ya aprobados. Sierra Grande no pudo intervenir en esa validación.
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Cualquier conflicto se resolverá en tribunales ordinarios de Río Negro. No habrá arbitrajes internacionales. Pero tampoco se habilitan mecanismos de reclamo vecinal o comunitario.
Los pagos y condiciones del acuerdo no contemplan penalidades empresariales. No hay cláusulas de rescisión por incumplimientos. El riesgo quedó totalmente del lado estatal.
El Ejecutivo defiende el proyecto como estratégico. Asegura que generará empleo e infraestructura. No presentó estimaciones ni estudios sobre impacto económico en Sierra Grande.
Vecinos de la localidad ya expresaron dudas. Temen que el pueblo solo reciba el impacto ambiental y no los beneficios. Las dudas crecen. Las respuestas no aparecen.
Organizaciones sociales pidieron audiencias públicas. La Legislatura no respondió. Tampoco lo hizo el Ejecutivo. El trámite legislativo se mantiene acelerado.
La entrega de tierras se produjo sin debate territorial. El predio incluye costa marítima y áreas naturales. No hubo estudios de impacto patrimonial ni ambiental locales.
Sierra Grande fue mencionada solo como beneficiaria de un 5%. No hay representación de la localidad en el diseño ni en la fiscalización del proyecto.
El acuerdo marca una nueva etapa para el sur rionegrino. Pero lo hace sin participación, sin transparencia y sin justicia distributiva.
VMOS tendrá todos los beneficios. El pueblo solo recibirá promesas. La desigualdad estructural se reproduce en nombre del progreso.
El Estado resigna potestades y compromete recursos sin garantizar derechos locales. La inversión llega, pero no se reparte. El negocio es millonario. El reparto, mezquino.
El debate legislativo no incluyó voces comunitarias. Sierra Grande, una vez más, quedó afuera de las decisiones que afectan su destino.
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