Anuncio de nuevas medidas
En un giro relevante en la política fiscal, el Gobierno nacional anunció la reducción de múltiples controles sobre los movimientos financieros personales. La medida, presentada como parte del “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, apunta a eliminar trámites que el oficialismo considera “obstáculos innecesarios”. El vocero presidencial, Manuel Adorni, resumió el cambio con una frase que busca instalarse: “Tus dólares, tu decisión”.
El paquete normativo incluye un decreto y un futuro proyecto de ley para respaldar legalmente la modificación del régimen actual. La presentación estuvo a cargo de Juan Pazo, titular de la Agencia Federal de Ingresos (ARCA), quien criticó con dureza el modelo anterior. Según explicó, durante años se incrementaron los agentes y regulaciones sin lograr mayor formalidad, mientras crecía el universo informal de la economía.
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Entre las medidas más destacadas se encuentra la derogación de regímenes informativos que afectaban consumos cotidianos. Desde ahora, no será necesario reportar compras con tarjeta de crédito, débito ni billeteras virtuales. Tampoco deberán informarse operaciones notariales, compraventa de autos usados, pagos de expensas desde $32.000 o consumos de servicios básicos como agua, gas, luz o telefonía.
La simplificación también alcanza a las condiciones que los bancos imponían para operar con sus clientes. ARCA prohibió exigir la presentación de declaraciones juradas impositivas como requisito para abrir o mantener cuentas. En caso de que alguna entidad financiera insista con esa solicitud, el usuario podrá negarse y recurrir a Defensa del Consumidor para que se garantice su derecho.
En paralelo, se elevan significativamente los umbrales que activan reportes automáticos sobre saldos y movimientos. Las cuentas bancarias solo se informan si superan los $50 millones para personas físicas y $30 millones para jurídicas. Los plazos fijos se reportan a partir de los $100 millones y $30 millones respectivamente, mientras que las transferencias en billeteras virtuales quedan sujetas a las mismas cifras.
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Las compras del consumidor final solo serán monitoreadas si superan los $10 millones, sin importar el medio de pago. Esto representa un alivio para muchos sectores que veían limitadas sus operaciones por controles que ahora serán eliminados. Se busca, en palabras de Pazo, “dejar de fiscalizar lo pequeño para concentrarnos en donde están los recursos”.
En materia impositiva, se anunció un nuevo esquema simplificado del impuesto a las ganancias. Este modelo estará basado en la facturación y los gastos deducibles, excluyendo consumos personales y la variación del patrimonio. A partir de junio, los contribuyentes podrán adherirse y recibirán una liquidación automática, que podrán aceptar o modificar al finalizar el año fiscal.
El plan también incluye un enfoque renovado sobre el uso de la información financiera personal. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, presentó un marco legal para impulsar las finanzas abiertas, con el objetivo de reducir la burocracia en la gestión del crédito. En esa línea, cada persona podrá decidir con quién y cómo compartir sus datos financieros, de forma digital y segura.
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Según Bausili, el 98% de los adultos ya tiene una cuenta bancaria, pero el desafío es mejorar su bienestar financiero. El nuevo sistema permitirá, por ejemplo, gestionar perfiles crediticios sin recurrir a largas declaraciones juradas. Se utilizarán datos registrados en ARCA y consumos públicos para construir una radiografía económica más realista.
El discurso oficial vincula estas medidas con una búsqueda de mayor formalidad y acceso al crédito. La lógica es que, al quitar presión sobre los sectores medios y pequeños, se promueva una economía más dinámica. A su vez, se espera una reducción en la carga administrativa que enfrentan los contribuyentes ante el fisco.
El Gobierno asegura que estas decisiones no implican una merma en el control sobre operaciones relevantes. Por el contrario, se profundizarán las herramientas de control sobre grandes patrimonios y operaciones de alto volumen. La intención es que el Estado “mire menos a la gente común y más a donde realmente hay evasión”.
El anuncio generó reacciones mixtas en distintos sectores. Algunos especialistas aplauden la desregulación como incentivo para el consumo, mientras que otros alertan sobre la necesidad de sostener la recaudación. En el Congreso, el proyecto de ley que acompañará estas medidas anticipa un nuevo debate entre oficialismo y oposición.
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