El Sandero fue arrojado a un barranco.
Un hombre que intentó matar a su ex pareja arrojándola con el auto por un barranco fue condenado, pero no irá a prisión. La justicia de Neuquén avaló un acuerdo entre las partes que modificó la acusación original y evitó el juicio oral. La joven víctima logró sobrevivir a un plan criminal que incluyó una simulación de accidente, agresiones físicas y un intento de rematarla con piedras.
El hecho ocurrió en Añelo, en una zona de bardas, durante la madrugada del 2 de septiembre de 2024. La víctima viajaba como acompañante en un auto conducido por su ex pareja, identificado como “J.L.G.”, quien aceleró repentinamente y le dijo que se había quedado sin frenos. A pocos metros del precipicio, el hombre se arrojó del vehículo, dejándola a ella adentro.
La mujer alcanzó a escapar del vehículo antes de que cayera al vacío, pero no terminó ahí el horror. El agresor volvió sobre sus pasos, la alcanzó, la arrastró y la empujó deliberadamente hacia el barranco. Cuando la joven cayó, el hombre comenzó a arrojarle piedras desde arriba. Solo su instinto de supervivencia le permitió esconderse y evitar nuevas heridas.
Luego del ataque, la víctima logró salir de la zona por sus propios medios y pidió ayuda en una vivienda cercana. Allí fue asistida por vecinos y trasladada al hospital. Las lesiones fueron atendidas y el testimonio permitió reconstruir el episodio completo. La denuncia incluyó detalles escalofriantes sobre la relación previa y la violencia que había escalado en las últimas semanas.
El fiscal del caso, Andrés Azar, presentó la acusación ante el juez de garantías Luis Giorgetti, pero no impulsó el juicio. A raíz de conversaciones entre la querella y la defensa, se logró un acuerdo que modificó la imputación inicial por homicidio doblemente agravado en grado de tentativa. La nueva calificación fue lesiones graves agravadas por el vínculo y la violencia de género.
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El acusado reconoció su responsabilidad y aceptó una pena de tres años de prisión condicional, junto con una reparación económica. Según informó la fiscalía, el monto que deberá pagar a la víctima no fue especificado. El acuerdo también impone reglas de conducta para el condenado, quien no podrá reincidir si desea evitar la cárcel.
Como parte del acuerdo, las partes renunciaron a los plazos de apelación para que la sentencia pueda ejecutarse de inmediato. El juez Giorgetti homologó el pedido conjunto y dictó la responsabilidad penal de “J.L.G.”. De este modo, la pena quedó firme sin necesidad de debate oral ni sentencia condenatoria tradicional.
La joven víctima, oriunda de Jujuy, había llegado a Añelo pocos meses antes y alquilaba una pieza en un inquilinato. Allí conoció al hombre mendocino con quien inició una relación breve pero intensa, signada por los celos, la droga y la violencia. En mayo comenzaron a salir y en agosto ella decidió terminar la relación.
La decisión de cortar con él llegó después de un episodio relacionado con el consumo de cocaína. Según su relato, el hombre la llevó a comprar droga a un kiosco narco, lo que encendió todas las alarmas. “Esto yo no lo quiero para mí. Quiero alguien sano que no esté en estas cosas. Con vos ya no quiero estar”, le dijo esa misma noche.
Días después, el acusado planeó el ataque con una brutalidad premeditada. Aprovechó el viaje en auto para simular una falla mecánica y ejecutar el intento de femicidio. Su reacción posterior al ver que la víctima sobrevivió demostró que su intención era matarla.
A pesar de la gravedad del hecho, la justicia neuquina decidió aceptar el acuerdo y no juzgar al acusado por tentativa de femicidio. La pena condicional implica que no irá preso, salvo que viole las reglas de conducta o cometa otro delito.
La noticia generó indignación en sectores que luchan contra la violencia de género y acompañan a las víctimas. Desde organismos feministas señalaron que este tipo de resoluciones judiciales minimizan la gravedad de los hechos y dejan a las mujeres expuestas a nuevos ataques.
El fiscal Azar justificó la decisión señalando que hubo un acuerdo entre las partes. Dijo que “se llegó a una solución del conflicto” y que la víctima habría estado de acuerdo con cerrar el proceso penal mediante esta vía alternativa.
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El rol de la querella en la negociación del acuerdo fue clave para cambiar la calificación legal. La defensa del imputado utilizó la estrategia de admitir el hecho, cambiar el encuadre jurídico y evitar la cárcel.
El magistrado Luis Giorgetti tuvo la última palabra en la audiencia realizada el lunes pasado. Avaló el acuerdo completo, declaró penalmente responsable a “J.L.G.” e impuso la pena de tres años en suspenso, más pautas de conducta.
La pena condicional significa que el condenado deberá cumplir ciertos requisitos. Entre ellos, la prohibición de acercarse a la víctima, no cometer nuevos delitos y realizar la reparación económica pactada. Si incumple alguna de estas reglas, podría quedar detenido.
Sin embargo, hasta el momento el acusado goza de plena libertad. Esto significa que la víctima debe convivir con la idea de que su agresor está suelto, con la posibilidad de reincidir.
El hecho generó temor en la joven y su entorno. Aunque no se hicieron públicos sus datos, la víctima teme represalias y señaló que le cuesta retomar su vida normal.
El caso también despertó cuestionamientos sobre cómo se manejan las causas de violencia extrema en la justicia provincial. Muchos se preguntan qué mensaje se envía cuando un intento de femicidio puede terminar sin prisión.
Las organizaciones sociales denuncian que estas decisiones judiciales refuerzan la impunidad. Advierten que muchos agresores se sienten habilitados para seguir violentando si no hay condenas ejemplares.
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En Neuquén, los femicidios y tentativas han aumentado en los últimos años. A pesar de la existencia de fiscalías especializadas, los recursos siguen siendo escasos y las decisiones judiciales dispares.
La historia de esta sobreviviente recuerda otros casos en los que la justicia no estuvo a la altura. Muchas veces, las víctimas deben luchar dos veces: una para sobrevivir, otra para obtener justicia.
Este tipo de acuerdos suele ampararse en el derecho penal negociado. Sin embargo, cuando hay violencia de género, su aplicación resulta controversial.
El caso de Añelo expone la tensión entre la celeridad judicial y el acceso real a la justicia. Evitar el juicio ahorra tiempo, pero también silencia la voz pública de la víctima.
El sistema judicial neuquino quedó bajo la lupa. El acuerdo, aunque legal, fue percibido como injusto por buena parte de la sociedad.
La víctima, en cambio, eligió no hablar públicamente. Su entorno señaló que quiere rehacer su vida y dejar atrás el terror.
El agresor, por su parte, evitó la cárcel y quedó libre. Si cumple con las condiciones, no será juzgado otra vez por el mismo hecho.
El caso dejó una sensación amarga. Un intento de femicidio terminó con una pena condicional, sin encierro y sin reparación pública.
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