Sur Finanzas y vínculos con la AFA: la Justicia probó maniobras para borrar pruebas clave

La investigación judicial que tiene en la mira a Sur Finanzas dio un paso relevante al confirmar la existencia de una organización interna orientada a borrar pruebas clave antes de los operativos policiales. Así lo estableció la Justicia a partir de peritajes, mensajes y reconstrucciones realizadas por la Policía Federal Argentina.

Según el expediente, las maniobras incluyeron el borrado de cámaras de seguridad, el retiro de dinero en efectivo, el formateo de computadoras y la desconexión de sistemas, además del ocultamiento de documentación sensible y dispositivos electrónicos. Todo ocurrió en los días previos a los allanamientos dispuestos en la causa por presunto lavado de activos.

El proceso está a cargo del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, junto a la fiscal federal Cecilia Incardona, quienes avanzan sobre el funcionamiento interno de la financiera y el rol de sus principales responsables. La investigación involucra al empresario Ariel Vallejo, vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a su entorno más cercano dentro de la firma.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, las acciones para eliminar evidencia comenzaron el 1 de diciembre de 2025 y se extendieron al menos hasta el 11 de ese mes. La causa detalla comunicaciones internas que exhiben órdenes precisas, roles definidos y una cadena de mando, orientada a sustraer información del alcance de las autoridades.

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Uno de los episodios más relevantes involucra a Daniela Sánchez, secretaria de Vallejo. En la madrugada del 1 de diciembre, envió un mensaje a Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, con instrucciones concretas. En ese intercambio le indica que un empleado “vaya a recaudar dinero” y que otro “borre las cámaras”, según consta en el expediente.

En el mismo mensaje, Daniela Sánchez también solicita que un trabajador del área de sistemas “se quede en su casa”, una directiva que, para los investigadores, buscó limitar la participación de personal técnico en horas consideradas sensibles para la operatoria.

La causa también pone el foco en Nahiara Gamarra, secretaria ejecutiva de la empresa. Las comunicaciones analizadas muestran, según la Policía, una relación jerárquica marcada con la tesorera, lo que refuerza la hipótesis de una estructura organizada para ejecutar las maniobras de ocultamiento.

Otro rol destacado es el de Susana Hoffmann, jefa de Recursos Humanos. El mismo 1 de diciembre, envió un mensaje a un empleado del área informática con una orden directa: “ingrese a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas”, una acción que apuntó a inutilizar los sistemas internos.

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El expediente también incorpora intercambios posteriores. El 6 de diciembre de 2025, una cajera le escribió a la tesorera: “Acordate que tengo eso. Vos después decime qué hago?”. Ante la consulta de qué se trataba, respondió: “Dos cuadernos. Están bien guardados”, un mensaje que quedó incorporado como indicio del resguardo deliberado de documentación fuera del circuito formal.

Cinco días más tarde, el 11 de diciembre, volvió a aparecer una comunicación vinculada al ocultamiento de tecnología. En ese mensaje se menciona que “en un rato va a ir a buscar los CPU al depósito”, lo que, según la investigación, alude al retiro de computadoras y teléfonos para evitar su secuestro durante las diligencias judiciales.

La causa identifica además a Agustín Maciel, señalado como la persona que eliminó registros fílmicos de las cámaras de seguridad el 1 de diciembre, en línea con las órdenes previas detectadas por los investigadores.

Finalmente, se sumó un mensaje del jefe de choferes, Rolando Soloaga, enviado el 6 de diciembre a un grupo interno de trabajadores. Allí informó que, “a pedido del jefe”, se realizarían guardias en el estacionamiento y tareas de limpieza y retiro de ploteos de los vehículos de la empresa, una acción que para la Justicia también forma parte del intento de reordenar la escena previa a los allanamientos.

Desde el entorno de Ariel Vallejo niegan que el empresario haya dado órdenes para destruir o eliminar pruebas. “Menos aún después del allanamiento porque se llevaron todo”, sostienen. La investigación, sin embargo, continúa y ya analiza unos 40 teléfonos celulares secuestrados, movimientos millonarios en efectivo, préstamos inflados y la presunta utilización de monotributistas sin capacidad económica real.