El aborto vuelve al Congreso chileno en medio de una fuerte resistencia opositora

El gobierno de Gabriel Boric presentó un proyecto de ley que legaliza el aborto hasta las 14 semanas. La medida, anunciada en 2023, fue finalmente elevada al Congreso, aunque el oficialismo no cuenta con mayoría y enfrenta un rechazo frontal de la oposición. El contenido fue analizado por Noticias de América, podcast de Radio Francia Internacional.

Chile tiene una historia compleja respecto al aborto, con avances parciales y retrocesos marcados. Según datos del Ministerio de Salud, cada año mueren cuatro mujeres por abortos inseguros y más de 33.000 requieren atención hospitalaria. La abogada Laura Bartolotti recordó que el aborto terapéutico fue legal por más de un siglo.

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“La penalización total es una herencia de la dictadura de Pinochet”, explicó Bartolotti. En 1989, se derogó la norma sanitaria que habilitaba el aborto cuando la vida de la madre estaba en riesgo. Desde entonces, Chile mantuvo una de las leyes más restrictivas del continente.

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El proyecto presentado esta semana establece dos plazos diferenciados para la interrupción voluntaria. Hasta la semana 14 en general y hasta la 12 en consultorios públicos, donde se permitiría una atención ambulatoria más accesible. Esto apuntaría a descentralizar el acceso desde hospitales a centros de salud comunitarios.

La iniciativa también busca limitar la figura del objetor de conciencia. En los casos permitidos desde 2017 —riesgo de vida, inviabilidad fetal y violación—, muchos médicos se han negado a intervenir, sobre todo en la causal por abuso sexual. La propuesta pretende garantizar el acceso efectivo a este derecho.

“Se revictimiza a mujeres y niñas que fueron violentadas y no pueden acceder a un aborto legal”, advirtió Bartolotti. Desde Corporación Humanas, se considera que impedir la atención médica es una forma de violencia institucional. La ley busca proteger a quienes quedan atrapadas en ese circuito de omisiones.

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Para la abogada, no se trata solo de despenalizar, sino de garantizar un aborto por plazo. En su opinión, esto permitiría incluir el aborto en la atención primaria de salud, evitando judicialización y dilaciones. Se prioriza el enfoque sanitario por sobre el debate moral.

El debate legislativo se anticipa intenso y con posiciones irreconciliables. La derecha ya expresó su oposición total al proyecto y el oficialismo necesitará negociar incluso dentro de su coalición. Sin embargo, el gobierno cumplió con su promesa de presentar el texto.

En la región, Chile sigue siendo uno de los países con marcos legales más restrictivos. Con esta propuesta, se alinea con modelos como el argentino, que legalizó el aborto por plazos en 2020. La sociedad civil vuelve a ser protagonista de una discusión que divide a la política.

Material publicado por gentileza Radio Francia Internacional