derecho a huelga
La ofensiva del Gobierno nacional para limitar el derecho a huelga en sectores considerados “esenciales” sufrió este lunes un freno inesperado, pero con gran impacto institucional. La jueza Moira Fullana, titular del fuero laboral, aceptó una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y suspendió los artículos centrales del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, emitido por el Ejecutivo a fines de marzo. Según la magistrada, la reforma que impulsa el oficialismo en torno al régimen de huelgas no puede concretarse por vía de decreto, sino únicamente a través de una ley debatida y sancionada por el Congreso Nacional.
La decisión afecta directamente los artículos 2 y 3 del decreto, que habían generado una fuerte reacción sindical al ampliar de manera significativa el listado de actividades “esenciales” en las que se exige garantizar un nivel mínimo de funcionamiento aún durante medidas de fuerza.
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Según el texto oficial, esta categoría incluía no solo áreas críticas como salud o seguridad, sino también educación, transporte y otros sectores de infraestructura estratégica. Para la CGT y numerosos especialistas en derecho laboral, esta ampliación atentaba contra la libertad sindical y el derecho a la protesta garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
El fallo, de carácter provisorio, establece que los efectos del decreto quedan suspendidos hasta tanto se dicte una resolución definitiva sobre su validez constitucional. Mientras tanto, se mantiene vigente la legislación actual en materia de derecho a huelga, que rige en Argentina desde la recuperación democrática y que ha sido ratificada en convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Desde la central obrera celebraron la noticia como un “triunfo de la democracia” y destacaron la rapidez con la que la Justicia respondió al planteo. En su escrito, la CGT había sostenido que el DNU avanzaba sobre competencias legislativas y que “no puede el Poder Ejecutivo modificar derechos fundamentales sin debate parlamentario”. También advirtió que la norma era regresiva en términos de derechos laborales y podía habilitar prácticas restrictivas que afectaran la negociación colectiva.
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Por el momento, el Gobierno no emitió declaraciones oficiales respecto del fallo. No obstante, fuentes cercanas a la Casa Rosada dejaron trascender que se analiza una apelación para revertir la medida en instancias superiores. La estrategia oficial, en ese caso, buscaría respaldarse en el argumento de la “emergencia operativa” para justificar el uso del instrumento del DNU.
Este revés judicial se inscribe en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y las organizaciones gremiales, con una sucesión de paros y movilizaciones en las últimas semanas que incluyen reclamos salariales y cuestionamientos a las políticas de ajuste fiscal y desregulación impulsadas por Javier Milei. En este escenario, la suspensión del decreto representa no solo un alivio para el movimiento obrero, sino también un freno simbólico a una de las reformas más resistidas del oficialismo.
Fuente: Ámbito
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