


La Cámara de Diputados de la Nación volverá a ser escenario de una sesión legislativa de alto voltaje político este miércoles, cuando se debatan varios proyectos vinculados a temas sensibles como el sistema previsional, la discapacidad y las zonas afectadas por catástrofes climáticas.


El temario incluye un incremento extraordinario del 7,2% para las jubilaciones, un nuevo plan de moratoria para quienes no completaron los 30 años de aportes, y la declaración de emergencia nacional en discapacidad hasta fines de 2027. Sin embargo, desde el Gobierno nacional ya anticiparon que, de aprobarse estas medidas, serán vetadas por el presidente Javier Milei.
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La citación fue oficializada este lunes por la Presidencia de la Cámara, tras el pedido del jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez. La sesión está programada para las 12 del mediodía, con 12:30 como hora límite para reunir el quórum de 129 diputados. El temario retoma proyectos que ya habían sido impulsados en instancias anteriores pero que no llegaron a tratarse por falta de quórum.
Uno de los proyectos más destacados contempla un “incremento excepcional y de emergencia” del 7,2% sobre las jubilaciones y pensiones, junto con un aumento en los bonos extraordinarios que perciben los beneficiarios, que podría elevarse de los actuales $70.000 a cifras de $105.000 o incluso $115.000. También se debatirá el restablecimiento del Plan de Pago de Deuda Previsional, que permitiría regularizar aportes faltantes, tal como se hacía con las conocidas moratorias previsionales de años anteriores.
Además, el temario incluye la declaración de la emergencia nacional en materia de discapacidad, una iniciativa que abarcaría hasta el 31 de diciembre de 2027 y busca garantizar políticas públicas integrales y sostenidas para personas con discapacidad en todo el país. Se espera que esta propuesta obtenga respaldo transversal en la Cámara, aunque el oficialismo ya expresó reparos por su impacto fiscal.
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En paralelo, también se someterán a discusión tres proyectos que buscan declarar en emergencia económica, ambiental, social y habitacional a diversas zonas de la provincia de Buenos Aires afectadas por las recientes inundaciones. Este paquete legislativo responde a la creciente presión social sobre el Congreso para que actúe frente a las crisis que atraviesan sectores vulnerables.
Desde el oficialismo, el presidente de la Cámara, Martín Menem, ya advirtió que los proyectos implican un costo fiscal estimado del 1,8% del Producto Bruto Interno (PBI), según cálculos del Ejecutivo. Particularmente, el aumento en jubilaciones tendría un impacto del 1,3% del PBI.
No obstante, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) presentó estimaciones más moderadas: el costo de la moratoria por dos años sería de apenas 0,165% del PBI y el aumento del bono, en su valor más alto, implicaría un 0,3% anual. En cuanto a la ley de emergencia en discapacidad, el Ministerio de Economía calculó un gasto del 0,3% del PBI, mientras que la OPC lo ubica entre 0,22% y 0,42%.
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El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue tajante al asegurar que el Gobierno vetará cualquier proyecto que resulte aprobado y que implique un desvío del programa fiscal. No es la primera vez que sucede: en 2024, el Congreso ya había aprobado un incremento previsional similar, y el veto fue sostenido gracias al respaldo de los bloques de La Libertad Avanza, el PRO y parte de la UCR, en lo que luego Milei denominó “un acto heroico” al celebrar a los diputados afines con un asado en Olivos.
La sesión también podría ampliarse si este martes se obtienen dictámenes en el plenario de comisiones sobre otros temas, como la declaración del Hospital Garrahan como centro de referencia nacional, la emergencia sanitaria en salud pediátrica y residencias médicas.
Fuente: Infobae









