Puerto Pirámides exime del impuesto a los ingresos brutos a algunos sectores

Puerto Pirámides dio un paso importante en materia de alivio fiscal y fortalecimiento comunitario al sancionar una ordenanza que exime del pago del Impuesto Municipal a los Ingresos Brutos a sectores fundamentales de su economía. La medida fue aprobada por unanimidad en el Honorable Concejo Deliberante y está destinada a profesionales independientes que trabajan en la localidad, trabajadores contratados por el Municipio y el Concejo, y contribuyentes inscriptos en el Monotributo Social.

La iniciativa fue impulsada por las concejalas Gabriela Bellazzi y Ana Fernández, quienes destacaron que la normativa responde a una política provincial más amplia de apoyo económico y territorial, promovida por el gobernador Ignacio Torres. En este sentido, señalaron que Puerto Pirámides busca convertirse en un ejemplo de gestión centrada en las personas, su trabajo y su derecho a crecer en el lugar que eligieron habitar.

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Bellazzi subrayó que esta normativa representa una acción concreta para fomentar el arraigo profesional en una comunidad pequeña y con condiciones naturales protegidas. “Estamos generando incentivos para que quienes brindan servicios esenciales encuentren en Pirámides un lugar donde puedan desarrollarse, sin la carga adicional de tributos que obstaculicen su permanencia”, sostuvo la edil.

Por su parte, Ana Fernández remarcó el impacto positivo en la dinámica económica local. “Queremos acompañar a quienes sostienen la economía cotidiana de nuestro pueblo, y esta exención permitirá a muchos vecinos respirar un poco más aliviados en un contexto difícil”, explicó.

Desde el Ejecutivo local, el intendente Jorge Perversi celebró la medida y señaló su carácter estratégico. “Esta decisión forma parte de una visión de desarrollo justo, inclusivo y sustentable, que pone en el centro a quienes trabajan y emprenden. Nos enorgullece brindarles herramientas para proyectarse en nuestra comunidad”, afirmó.

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La ordenanza prevé una exención por dos años, sujeta a evaluación de impacto fiscal y social antes de su eventual renovación. Alcanzará a profesionales que acrediten residencia en la localidad, brinden servicios efectivos y no superen una facturación mensual equivalente a la Canasta Básica Total, según los valores del INDEC. También abarca a monotributistas sociales registrados y residentes.

En el caso de los trabajadores contratados por el Municipio o el Concejo, la exención se aplicará exclusivamente a los montos facturados al Estado local, siempre que no superen el equivalente a 1,5 veces la Canasta Básica Total. Esto permitirá aliviar las obligaciones fiscales de quienes prestan servicios institucionales sin desfinanciar al sistema.

Para garantizar el cumplimiento de los requisitos, la autoridad de aplicación podrá solicitar información a organismos como ARCA o Rentas Provinciales. Se busca asegurar transparencia y evitar distorsiones en la asignación del beneficio.