


Legisladores de distintos bloques presentaron un proyecto en la Cámara baja. Propusieron un marco normativo integral para proteger a periodistas y fotorreporteros frente a los ataques y amenazas.


La iniciativa surgió tras las agresiones a reporteros en movilizaciones y los reiterados agravios del presidente Javier Milei contra la prensa. Incluye mecanismos institucionales y medidas legales de resguardo.
El expediente fue firmado por Miguel Ángel Pichetto, Pablo Juliano, Juan Manuel López y Sergio Palazzo. Se presentó ante tres comisiones legislativas clave.
La Comisión de Libertad de Expresión y la de Peticiones están en manos de diputados de La Libertad Avanza. La de Justicia la preside Silvia Lospennato, del PRO.
El proyecto establece principios como la transparencia, la igualdad, el respeto a la diversidad y la coordinación entre organismos. Reivindica el derecho a la información y la seguridad laboral de los comunicadores.
Plantea la creación de un Mecanismo de Protección Interinstitucional. Este funcionará en el ámbito del Congreso, con participación de la sociedad civil y sectores vinculados al periodismo.
Ese mecanismo trabajará junto a un Consejo Consultivo. Allí estarán representadas asociaciones de periodistas, gremios, universidades y medios.
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El texto exige al Estado que investigue y sancione las agresiones. También reconoce el derecho a resguardar las fuentes informativas.
Entre sus fundamentos, el proyecto alerta sobre el clima hostil hacia la prensa. Reivindica el rol estatal en la defensa del ejercicio periodístico.
"El Estado debe garantizar un entorno libre, plural y seguro para el periodismo", afirma. Cita recomendaciones de organismos internacionales.
Los diputados señalaron que la violencia contra periodistas aumentó en la región. Incluyeron amenazas, hostigamientos y censuras.
Advirtieron que esas prácticas buscan silenciar voces y limitar la diversidad informativa. Reclamaron herramientas institucionales contra la impunidad.
Amnistía Internacional denunció el aumento de los ataques a la libertad de expresión en Argentina. Habló de decenas de periodistas hostigados en redes y medios.
El ranking mundial de Reporteros sin Fronteras mostró un retroceso argentino. El país bajó 47 puestos y quedó en el lugar 87 de 180.
El presidente Javier Milei dijo: "No odiamos lo suficiente a los periodistas". Esa frase motivó repudios y fue vista como una incitación.
La provocación del asesor Santiago Caputo contra un fotógrafo fue respaldada por el Presidente. Días después, el reportero fue agredido por fuerzas de seguridad.
El fotógrafo Pablo Grillo terminó en terapia intensiva por un proyectil de un gendarme. Ocurrió durante una cobertura de protesta.
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La ministra Patricia Bullrich comanda las fuerzas que participaron en ese operativo. El hecho generó preocupación en organismos de derechos humanos.
Desde el oficialismo, también se promovieron discursos de odio. Un streamer afín expresó deseos de encarcelar periodistas mediante decretos.
El presidente Milei denunció por calumnias al periodista Ari Lijalad. El caso se conoció como parte de un patrón de hostigamiento.
En paralelo, la Casa Rosada redactó un reglamento restrictivo para acreditaciones. Limita el acceso y la circulación de periodistas en el lugar.
Esa normativa incluye un sistema de puntuación para medios. Se cuestiona su constitucionalidad y el impacto en la libertad de prensa.
Los legisladores opositores reclamaron el cese de las agresiones. Exigieron garantías para el ejercicio libre del periodismo.
El proyecto busca convertirse en una herramienta concreta frente al deterioro institucional. Su tratamiento generará un fuerte debate parlamentario.
Los impulsores de la ley destacaron la importancia de consensos amplios. Llamaron a todas las fuerzas a respaldar la iniciativa.
"Cuidar a la prensa es cuidar la democracia", afirmaron los diputados. La frase resume el espíritu del proyecto presentado.
La discusión sobre esta ley marcará un hito en la relación entre el poder político y el periodismo. Los trabajadores de prensa esperan respuestas.









