Chubut y Buenos Aires deberán indemnizar a las víctimas de la tragedia del Dique Ameghino
Chubut12/06/2025
Sergio Bustos
22 años de la tragedia.
La tragedia del Dique Ameghino sigue presente en cada familia afectada. A 22 años del colapso de la pasarela, la Justicia civil de Rawson condenó a Chubut y a Buenos Aires por las muertes de ocho alumnos y una docente de Merlo.
La caída al río Chubut ocurrió el 19 de septiembre de 2002. Más de 50 personas se habían subido a la pasarela turística para sacarse fotos. La estructura colapsó y arrastró a los niños, adolescentes y docentes que estaban de viaje.
La jueza Amorina Testino dictó dos fallos condenatorios. Uno responde al reclamo de las madres de Valeria Yamila Moreno y Walter Damián Caballero. El otro beneficia a 18 sobrevivientes que arrastran secuelas físicas y psicológicas desde aquel día.
El fallo responsabiliza a ambos Estados por fallas concretas. Buenos Aires no garantizó la seguridad de los alumnos. Chubut retiró el cartel que advertía la capacidad máxima y no lo repuso hasta después del colapso.
La pasarela permitía el paso de solo 8 personas. El día de la tragedia se subieron 53. La estructura no estaba rota, pero fue mal utilizada. No existía otro elemento de advertencia ni contención en el lugar.
La jueza fue contundente sobre el rol del Estado. “Se entendió en su momento que la pasarela era una cosa que podía generar un riesgo”, escribió, remarcando que el cartel ausente pudo haber evitado el colapso.
Provincia Seguros también fue condenada. Tenía contrato con el Estado bonaerense. La jueza consideró que la cobertura debía incluir los riesgos del viaje organizado por la Dirección General de Cultura y Educación.
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Las familias reclamaron daño material, psicológico y moral. Algunas firmaron acuerdos previos. Pero otras siguieron adelante hasta esta sentencia, que les reconoce una indemnización colectiva cercana a los 4.000 millones de pesos.
Las madres de Valeria y Walter relataron con detalle el calvario vivido. Una se enteró por la televisión. La otra por una vecina. Ambas viajaron a Chubut en las primeras horas. Ambas reconocieron los cuerpos de sus hijos.
Walter tenía 11 años. Su madre fue hasta la Escuela N°39 “Fragata Libertad” buscando respuestas. Dormía poco. Soñaba con su hijo. Iba todos los días al cementerio hasta que le recomendaron no volver tan seguido.
“Lo recuerda con nostalgia y siente orgullo al decir que era querido por todos”, dice la pericia psicológica. Las secuelas siguen vivas, más de dos décadas después de la tragedia. El dolor no se borra con el tiempo.
Valeria fue la última en aparecer. Su madre pasó la mayor parte del tiempo cosiendo. Lloraba mientras decía: “Tengo que ocupar la mente”. Conserva la habitación y los objetos tal como los dejó su hija antes del viaje.
“No te preocupes, nos cuida la seño”, le había dicho Valeria. Esa frase quedó grabada en la memoria de su madre, que debió reconocer su cuerpo al día siguiente en el sur. La escuela nunca volvió a ser la misma.
La jueza reconoció lo difícil de la valoración del daño. “Nadie puede imaginar siquiera el dolor que implica la muerte de un hijo o una hija”, escribió en una sentencia que combinó fundamentos jurídicos y sensibilidad humana.
La decisión judicial destacó el valor de las fotos y boletines escolares. Ordenó su devolución a las familias. Dijo que “es necesario que se reencuentren con esos valiosos testimonios de vida”, para volver a abrazar con los ojos a sus hijos.
Las imágenes se usaron como prueba. Permitieron dar rostro a las víctimas y humanizar el expediente. La magistrada agradeció “la gentileza de las familias que compartieron esos documentos únicos durante el proceso judicial”.
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La responsabilidad de los docentes también fue señalada. La jueza indicó que “debieron representarse el riesgo que implicaba permitir tanta gente sobre la pasarela”. Subrayó que la cartelería sirve como disuasión en contextos turísticos con visitantes inexpertos.
Chubut incurrió en una conducta omisiva. El cartel había sido quitado por el jefe comunal Carlos Geréz con la intención de repararlo. No volvió a colocarse hasta después del hecho. Esa ausencia fue clave en la condena.
La estructura del Dique forma parte del patrimonio provincial. Su condición de atractivo turístico refuerza la obligación estatal de garantizar seguridad, señalización y control ante el flujo de visitantes que desconoce los riesgos del entorno.
La jueza advirtió que la tragedia era evitable. Si el cartel hubiese estado visible, el grupo escolar no habría cruzado en masa. Esa omisión generó una cadena de hechos que terminó con muertes, heridas y una comunidad destruida.
La provincia de Buenos Aires fue señalada por no actuar con previsión. El fallo sostuvo que los docentes y directivos del viaje debían proteger a los alumnos, y que su rol no puede limitarse a la conducción pedagógica.
Las familias convivieron 22 años con la ausencia, el dolor y la espera. Buscaron justicia, no solo dinero. Querían que alguien dijera lo que ya sabían: que el Estado falló. Que la tragedia no fue inevitable.
Los testimonios fueron desgarradores. Padres y madres contaron cómo cambió su vida, cómo enfrentaron el duelo, cómo siguen caminando con el peso de un hijo muerto, una mochila que no alivia con los años.
La condena no cerrará las heridas. Pero sienta un precedente. El Estado debe responder por su accionar, pero también por sus omisiones. No alcanza con enseñar. Hay que cuidar, proteger y advertir.
El fallo fue apelado por los Estados provinciales. La Cámara Civil de Trelew deberá revisar ahora el caso. Las familias esperan que se confirme la sentencia y que el dinero sirva para reparar parte del daño.
Las víctimas fueron Valeria, Walter, Gabriel Mendoza, Daiana Antivero, Tomás Acosta, Jonathan Larrosa, José Véliz, Esteban Bernacchia y la directora Graciela Antinucci. Todos murieron en un viaje escolar que debió ser inolvidable por otras razones.
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Sobrevivientes y familias se unieron en la búsqueda de justicia. Muchas historias quedaron en silencio. Otras se hicieron públicas. La memoria de los chicos se mantiene viva en sus barrios, sus escuelas y sus hogares.
Chubut y Buenos Aires cargan con la condena. Pero la deuda moral no se salda con plata. Cada aniversario devuelve la misma pregunta: ¿por qué nadie hizo lo que debía hacer?
La tragedia marcó a dos provincias y a una generación entera. La sentencia judicial reconoce el dolor y la responsabilidad. Las fotos volverán a sus casas. Las ausencias seguirán ahí.
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