La Salada reabre bajo estrictas condiciones y sin efectivo: Sólo se aceptarán pagos bancarizados
Actualidad14/06/2025
REDACCIÓN
Feria La Salada
La Justicia autorizó la reapertura de La Salada, la feria informal más importante del continente, ubicada en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, luego de varios meses clausurada. Sin embargo, su retorno al circuito comercial estará sujeto a condiciones inéditas, con foco en la transparencia y el control fiscal: los puesteros solo podrán cobrar a través de medios bancarizados. Esto significa un virtual adiós al uso del efectivo, símbolo de una economía informal que por décadas caracterizó a este predio.
La decisión judicial llega mientras Jorge Castillo, histórico referente del complejo ferial, continúa detenido. Está acusado de lavado de dinero, asociación ilícita y evasión fiscal, junto a varios de sus socios más cercanos. La feria, que funcionaba como un enorme centro de comercio informal, fue señalada en reiteradas oportunidades por organismos internacionales como un epicentro de piratería y falsificación.
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Un informe reciente de la Secretaría de Comercio de Estados Unidos ubica a La Salada entre los mercados más notorios del mundo por la venta de productos ilegales. También la Unión Europea la describió como “un emblema mundial del comercio de mercadería falsificada”, lo que terminó de agravar su situación ante los ojos de las autoridades locales y extranjeras.
Desde el Ejecutivo explicaron que la feria representaba un punto sensible de evasión masiva que atentaba contra el equilibrio fiscal, uno de los pilares de la política económica actual. Se estima que unas 48 mil personas trabajaban dentro de La Salada, en sus tres principales núcleos: Urkupiña, Ocean y Punta Mogote.
Fundada en 1992 por inmigrantes bolivianos, La Salada creció de forma vertiginosa en tres décadas. Atraía a compradores de toda la Argentina e incluso de países vecinos como Brasil y Uruguay, a través de tours organizados para adquirir ropa y otros productos a bajo costo
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Para poder reanudar su actividad, el juez federal Luis Armella impuso una batería de condiciones estrictas. Los feriantes deberán registrarse oficialmente, documentar los puestos alquilados y operar exclusivamente con sistemas bancarizados. Además, se dispondrá de la presencia permanente de un veedor judicial, un representante del municipio y otro de la Agencia de Recaudación de la provincia (ARCA).
La fiscal federal Cecilia Incardona, a cargo de la causa, argumentó que los acusados lograron amasar fortunas millonarias mediante maniobras ilícitas que incluían reinvertir el dinero informal en el mercado financiero.
La nueva intervención administrativa, que aún debe definirse, tendrá como principal responsabilidad garantizar el registro transparente de inquilinos y transacciones. El uso exclusivo de pagos bancarizados es una de las medidas más revolucionarias en la historia de la feria, y podría marcar un antes y un después en su funcionamiento cotidiano.
Desde el Sindicato de Trabajadores de Ferias, impulsaron el levantamiento de la clausura argumentando que la feria es una fuente de trabajo para unas 150 mil personas, si se consideran también a carreros, puestos de comida, remiseros y demás trabajadores informales asociados al movimiento comercial del predio.
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