La lista de definiciones judiciales contra Argentina en el exterior con consecuencias millonarias

Antes de que finalice 2025, el Estado argentino deberá enfrentar una serie de instancias judiciales críticas en tribunales internacionales, con potenciales consecuencias económicas y políticas de alto impacto. En juego hay miles de millones de dólares, principalmente vinculados a la expropiación de YPF, los cupones PBI, la reestructuración de deuda en default, y una sentencia en el caso Webuild.

Uno de los compromisos ya asumidos es el pago del fallo por EUR 1.400 millones en el Reino Unido por el caso Cupón PBI, que representa una condena firme contra el Estado. En paralelo, continúan otros litigios abiertos por el mismo instrumento financiero en tribunales de Nueva York, donde se esperan dos decisiones: una en la Corte de Apelaciones (Cupón PBI I) y otra en primera instancia (Cupón PBI II).

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El capítulo más complejo sigue siendo la expropiación de YPF, con al menos cinco eventos clave antes de fin de año. Se esperan los argumentos orales en la Corte de Apelaciones tanto del caso principal como del caso secundario presentado por la ONG RA4ARG, que cuestiona las condiciones de la expropiación. Además, podría haber una decisión sobre la entrega de acciones estatales de YPF como forma de pago, lo cual representa un giro sensible en el control de la compañía.

También se anticipan fallos sobre las apelaciones primarias y secundarias, aunque algunos de esos pronunciamientos —en particular, el más relevante— podrían quedar postergados hasta 2026. Un aspecto especialmente controvertido será la definición judicial sobre el vínculo entre el Estado y entidades como el BCRA, ARSAT, Aerolíneas Argentinas e YPF, bajo la figura del “Alter Ego”, con implicancias patrimoniales directas.

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En lo que respecta a Aerolíneas Argentinas, la empresa sigue bajo proceso en el exterior y se aguarda un fallo en la Corte de Apelaciones, que podría marcar precedentes para futuras acciones legales relacionadas con empresas expropiadas o estatizadas.

Por otra parte, dentro del complejo entramado de juicios por la deuda en default —especialmente en lo que refiere a los Bonos Brady—, queda pendiente una resolución sobre el destino de USD 100 millones embargados, que se disputan los fondos Attestor Master y Bainbridge Fund.

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Finalmente, figura el caso Webuild, que implica un pago directo de USD 125 millones, también derivado de un fallo ya confirmado.

Estos eventos se producen en un contexto en el que el Gobierno argentino busca reorganizar sus pasivos y consolidar un marco de renegociación más favorable, pero enfrenta limitaciones legales, financieras y diplomáticas derivadas de litigios heredados.