Debaten cómo evitar que el arresto domiciliario de Cristina sea un centro de campaña política

A la espera de la decisión final del juez Jorge Gorini sobre la ejecución de la condena por corrupción contra Cristina Fernández de Kirchner, el debate judicial ya no se centra únicamente en si corresponde o no el arresto domiciliario, sino en cómo evitar que se desnaturalice ese beneficio si se le concede. El principal objetivo, según fuentes de Comodoro Py, es que su departamento del barrio Constitución no se convierta en una plataforma de militancia ni en un centro de campaña política.

El dictamen pendiente del fiscal Diego Luciani, que podría conocerse en las próximas horas, será clave para definir el paso siguiente. Hasta ahora, un informe técnico concluyó que el inmueble ubicado en la calle San José al 1100 reúne las condiciones para ser utilizado como lugar de detención. Sin embargo, existe un fuerte debate sobre las condiciones de ese cumplimiento, especialmente en lo referido al contacto con el público, las visitas y la exposición mediática.

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El Gobierno nacional ya manifestó su preocupación. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, planteó sus reparos: “Una cosa es que le den arresto domiciliario y otra es que le permitan condiciones fuera de lugar. Por ejemplo, que pueda comunicarse o salir al balcón”. En tribunales, varios jueces sostienen que el acceso a ciertos beneficios podría vulnerar el sentido punitivo de la condena.

Según la ley de ejecución penal, no hay un protocolo específico que detalle restricciones adicionales más allá del deber de permanecer en el domicilio. Por eso, el planteo de la Justicia es cómo fijar límites razonables para evitar que el arresto domiciliario pierda su carácter de cumplimiento efectivo de una condena.

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Desde el Tribunal Oral Federal 2 —encargado de dictar la sentencia en el caso Vialidad— explicaron que la definición sobre cómo cumplir la pena no depende solo de Gorini, sino que deberá ser una resolución colegiada que involucre a los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Recién una vez determinado el legajo de ejecución y el cómputo, se fijarán las condiciones concretas.

Uno de los temas en estudio es la instalación de una tobillera electrónica. La ley prohíbe que fuerzas de seguridad controlen el arresto, por lo que este dispositivo es el único medio aceptado para monitorear que la persona no abandone su domicilio. La Justicia también evalúa restringir el número de visitas y establecer días específicos para las mismas.

La defensa de Cristina, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, propuso el domicilio actual, pero hay quienes en el fuero federal creen que ese lugar no es adecuado. Lo comparan con el caso de Lázaro Báez, que inicialmente pidió cumplir su detención en un barrio cerrado de Pilar, pero finalmente aceptó mudarse.

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“Este no es un caso de prisión domiciliaria por razones humanitarias”, dijo un magistrado que trabajó en ejecución de penas. Y añadió: “Se está forzando una figura que fue pensada para enfermos terminales o personas que necesitan cuidados especiales. No es el caso. Y no se puede otorgar solo porque se trata de Cristina Kirchner”.

Mientras tanto, la ex presidenta deberá presentarse este miércoles en Comodoro Py, cumpliendo con el plazo de cinco días hábiles impuesto por el tribunal para formalizar el proceso. El trámite se encuentra aún en etapa preliminar, sin legajo de ejecución ni cómputo firme.

Fuente: La Nación, NA, Clarín