El Gobierno avanza con fondos de cese: el fin de la indemnización tradicional está en marcha
Actualidad20/06/2025
Sergio Bustos
La CNV toma protagonismo.
El Gobierno formalizó este jueves un cambio profundo en el sistema laboral argentino. A través de la Comisión Nacional de Valores (CNV), aprobó un régimen de Fondos de Cese Laboral que busca reemplazar las indemnizaciones tradicionales por instrumentos financieros acordados en convenios colectivos.
“Esta normativa surge del trabajo conjunto con el ministro Federico Sturzenegger y el equipo del Gobierno Nacional”, indicó Roberto Silva, presidente de la CNV. El nuevo marco se diseñó bajo el paraguas del Decreto 847/2024, que habilita mecanismos alternativos a la histórica indemnización por antigüedad.
En la práctica, el fondo reemplaza la obligación patronal por un esquema de aportes periódicos a cargo del trabajador o de un fondo compartido. Se trata de un producto de inversión colectiva que funcionará mediante Fondos Comunes de Inversión Abiertos o Fideicomisos Financieros.
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La administración quedará en manos de entidades reguladas por el mercado de capitales. El Gobierno apuesta a que los fondos acumulados generen rentabilidad y estén disponibles al momento de un cese laboral. Pero el trabajador deberá cargar con la mayor parte del esfuerzo contributivo.
El esquema no es obligatorio por ley, pero podrá establecerse por acuerdo sectorial. Es decir, cada gremio deberá negociar con las empresas si adhiere o no al nuevo modelo.
Desde el oficialismo lo presentan como una “modernización” de las relaciones laborales. El objetivo explícito es reducir el costo del despido, atraer inversiones y fomentar la registración. Sin embargo, no todos comparten el diagnóstico.
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Sindicatos y abogados laboralistas plantean serias advertencias. Temen que el nuevo modelo debilite el poder de negociación del trabajador y abra la puerta a esquemas menos protectores. También alertan sobre los riesgos de exponer estos fondos al vaivén del mercado financiero.
“Esto deja en manos del trabajador la responsabilidad de cubrir su propio despido. Es una forma de privatizar la protección laboral”, indicó un dirigente gremial del sector industrial.
El modelo recuerda al vigente en la construcción, pero ahora se extiende a todos los sectores. La diferencia es que en ese rubro existe un fondo de cese que se financia con aportes del empleador. En la nueva versión, esa carga podría pasar al empleado o repartirse entre las partes.
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La medida llega en un momento donde el trabajo registrado atraviesa su piso más bajo en casi dos décadas. Según datos oficiales, solo el 46% de los ocupados tiene empleo formal con aportes. La tendencia sigue en baja.
El Gobierno sostiene que esta reforma incentiva la registración. Al bajar el costo de salida, aseguran, las empresas estarán más dispuestas a blanquear. Pero los críticos lo ven como una vía para precarizar aún más.
“Estamos generando herramientas para que el mercado de capitales acompañe la transformación laboral”, dijo Silva. Para la CNV, se trata de un instrumento dual: laboral y financiero.
Los gremios más fuertes aún no definieron postura. La CGT no emitió un comunicado oficial, aunque en reuniones privadas ya hubo cuestionamientos. En sectores sin sindicatos organizados, el riesgo de que se imponga el fondo sin debate es mayor.
Por ahora, el Gobierno celebra la aprobación del nuevo régimen. Pero la implementación real dependerá de cada paritaria, de la voluntad de las partes y del contexto económico.
Una cosa es clara: el modelo tradicional de indemnización empieza a correr riesgo real de desaparecer. Lo que hasta ayer era un derecho adquirido, hoy se discute como una opción financiera.
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