La Corte rechazó recusaciones en la causa Correo y los directivos seguirán bajo investigación

La Corte Suprema de Justicia desestimó un planteo de la defensa de dos imputados en la causa Correo Argentino y ratificó la continuidad de los jueces cuestionados. El máximo tribunal consideró inadmisible el recurso presentado por directivos del Grupo Macri, quienes pretendían apartar a dos camaristas por presunta enemistad con el expresidente.

El recurso fue presentado por Jaime Cibils Robirosa, presidente de Correo Argentino S.A., y su abogado, Jaime Kleidermacher, ambos acusados en la investigación. Apuntaron contra los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico, a quienes acusaron de “enemistad manifiesta” con Mauricio Macri. “Existe temor fundado de parcialidad”, argumentaron en su presentación.

El pedido fue rechazado primero por la Cámara Federal y luego por el juez de la Cámara de Casación Penal, Javier Carbajo. Este último consideró que la defensa no aportó pruebas suficientes para sostener el planteo. La Corte Suprema cerró la vía al entender que no se trata de una sentencia definitiva o equiparable.

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La causa penal se inició en 2017 y permanece en etapa de instrucción en el juzgado del juez Ariel Lijo. Investiga presuntas irregularidades en el acuerdo firmado entre el Estado y Correo Argentino S.A. durante el gobierno de Macri, en el que la empresa estaba controlada por su familia. Ese pacto preveía una quita de casi el total de la deuda.

La fiscal Gabriela Boquín fue quien frenó el acuerdo al calificarlo como “ruinoso” y “abusivo” para el Estado nacional. Según sus cálculos, la propuesta licuaba el 98,87% de la deuda que la empresa mantenía con el Estado desde su privatización. Ese dictamen dio pie a la apertura del expediente judicial.

Además de Cibils Robirosa y Kleidermacher, también están imputados el exministro de Comunicaciones Oscar Aguad y el exfuncionario Juan Manuel Mocoroa. Ambos firmaron el acuerdo durante 2016, cuando el Correo intentó cerrar la deuda mediante un plan de pagos condicionado. La fiscalía puso en duda la legalidad de ese procedimiento.

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La defensa de los acusados sostiene que se trató de un acuerdo comercial legítimo, sin intención de perjudicar al Estado. Sin embargo, los avances en la causa pusieron bajo la lupa los vínculos políticos y económicos entre la empresa y el gobierno de entonces. Por eso, intentaron apartar a los jueces encargados del expediente.

Fuente: NA.