Ministros bajo la lupa: viáticos millonarios, choferes VIP y pasajes a Buenos Aires

La polémica en el Poder Judicial de Chubut no se apaga. Luego del retroceso forzado del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en su intento de aumentarse los sueldos usando gastos reservados, ahora la atención se centra en una trama de privilegios y compensaciones que generan indignación.

"El viático diario de un ministro equivale a una jubilación mínima de cualquier persona común", disparó el juez Paulo Konig, integrante de la Asociación de Magistrados. La frase se convirtió en el disparador de una nueva ola de cuestionamientos internos.

Según los datos de la misma Asociación, cada ministro del STJ puede cobrar $315.000 por día en concepto de viáticos. Y si su actividad supera las dos horas de trabajo formal —de 13 a 15— también se les paga la mitad del viático, es decir, $157.500.

El esquema se vuelve aún más polémico cuando se suman los traslados. En una reciente acordada, los ministros decidieron que los choferes que los transporten en ocasiones “especiales” cobren el mismo viático que un ministro. O sea, también $315.000 diarios.

Desde la Asociación de Magistrados pusieron el foco en los traslados habituales. “Hay tres ministros que viven en Puerto Madryn y un chofer tiene que llevarlos todos los días”, explicaron. Cuando el regreso se produce fuera del horario formal, el chofer cobra la mitad del viático diario.

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Si el chofer también los va a buscar por la mañana, fuera de las 13 a 15 horas, se habilita la otra mitad. Resultado: el traslado completo vale $315.000 por jornada. A veinte días laborales, se convierte en una suma que supera los $3 millones mensuales.

Y esto sin contar pasajes aéreos. Cada ministro tiene derecho a 12 vuelos anuales a Buenos Aires, con pasajes cubiertos por presupuesto oficial. No hay información pública sobre los motivos, duración o destino de esos viajes.

Tampoco existe control transparente sobre las tarjetas corporativas asignadas a los ministros, que permiten cubrir consumos bajo la justificación de “gastos oficiales”. Desde el Ejecutivo provincial nadie respondió sobre estos mecanismos.

La Asociación de Magistrados amplió su crítica esta semana con otro comunicado demoledor. Esta vez, el blanco fue la contratación de Roberto Gambuzza, un comunicador de Buenos Aires, para desempeñarse en el STJ.

“Actualmente está investigado por la Fiscalía Federal por presuntos delitos contra la administración pública”, advirtieron los magistrados, en relación a su paso por la Televisión Pública Argentina como gerente de Prensa.

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Desde el entorno del Superior Tribunal salieron al cruce. Aseguraron que la causa contra Gambuzza fue archivada en mayo de 2023 por el fiscal Guillermo Marijuan. Argumentan que no se comprobó delito alguno, ya que los cargos gerenciales no exigen horario fijo.

Además, fuentes cercanas al STJ confirmaron que la Resolución Administrativa General 12.776/25 existió, pero el contrato con Gambuzza no fue firmado. Sostienen que finalmente no ingresó al Poder Judicial.

Aún así, el malestar crece entre jueces, fiscales y empleados judiciales. Consideran que los privilegios de la cúpula son excesivos, injustificados y desconectados de la realidad del resto del Poder Judicial.

La llamada “batalla de los tribunales” ya no es sólo por sueldos. Ahora, el eje está en cómo se administran los recursos públicos, cuánto se gasta en traslados, viáticos, viajes y tarjetas, y quién controla todo eso.

Lo que parecía un escándalo cerrado terminó siendo la punta de un iceberg. Un sistema que premia el traslado más que el trabajo, asigna beneficios sin justificar y compensa tareas mínimas con cifras descomunales.