Condenan con prisión en suspenso a los dueños del geriátrico donde murieron 10 adultos mayores
Policiales30/06/2025
REDACCIÓN
geriátrico Apart Los Incas
La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires condenó a los propietarios y a la directora médica del geriátrico Apart Los Incas a dos años de prisión en suspenso por la muerte de 10 residentes durante la pandemia de COVID-19. El fallo generó rechazo en familiares y denunciantes, que lo consideraron insuficiente ante la magnitud del daño.
Los condenados son Hugo Visca y Luis Daniel Megyes, dueños del establecimiento ubicado en el barrio porteño de Belgrano, y Carla Raffo, médica responsable de la atención sanitaria. Los tres fueron hallados culpables por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 12, mientras que otras tres imputadas resultaron absueltas.
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Daniela Alejandra Gonzalo y Alicia Haydee Allegue, parejas de los propietarios, y Paula Trunzo, exfuncionaria del Gobierno de la Ciudad que debía fiscalizar geriátricos, fueron sobreseídas. La acusación contra Trunzo fue retirada por todas las partes durante los alegatos, pese a su rol institucional.
El veredicto incluye inhabilitaciones profesionales: los empresarios no podrán gestionar geriátricos por tres años y la médica fue inhabilitada por cuatro años. Además, el tribunal impuso una indemnización de cuatro millones de pesos por cada una de las víctimas fallecidas, como reparación económica para las familias.
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La causa se originó por denuncias que expusieron el mal manejo sanitario dentro del geriátrico durante los momentos más críticos de la pandemia. El estado general del lugar, la falta de protocolos y la ausencia de respuestas médicas oportunas fueron algunos de los puntos señalados como determinantes en las muertes.
“Es una vergüenza. Voy a apelar”, expresó con indignación el ex viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky, uno de los primeros en denunciar el estado del geriátrico. Su reacción fue compartida por familiares de las víctimas, que esperaban una pena efectiva de prisión para los responsables.
Las muertes se produjeron en un lapso corto, y muchas de ellas habrían sido evitables si se hubieran cumplido los protocolos de aislamiento, atención médica y seguimiento sanitario establecidos para geriátricos en ese contexto. La causa generó impacto desde su inicio por la cantidad de víctimas y por tratarse de una población altamente vulnerable.
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Desde sectores vinculados a la salud y los derechos humanos se cuestionó que el fallo no incluyera sanciones más severas, sobre todo por la gravedad de los hechos. También criticaron que el Estado porteño, a través de su ex funcionaria, no haya recibido una condena ni siquiera simbólica por su rol fiscalizador ausente.
La lectura de los fundamentos de la sentencia se realizará el lunes 14 de julio, y las querellas ya anticiparon que impulsarán la revisión del fallo en instancias superiores. Creen que aún hay margen para lograr una respuesta judicial más acorde con la magnitud de lo ocurrido.
Fuente: N A
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