El Gobierno desregula el mercado eléctrico y deja que los usuarios elijan su distribuidora
Actualidad08/07/2025
Sergio Bustos
¿Libertad de elección?
El tablero energético se resetea. El Gobierno oficializó una desregulación integral del mercado eléctrico, con cambios que afectan a usuarios, empresas, provincias y municipios. El nuevo régimen permite elegir distribuidora y prohíbe impuestos locales en las facturas, incluso si se disfrazan de tasas.
El decreto 450/2025, publicado en el Boletín Oficial, modifica las leyes 15.336 y 24.065, y abre un proceso de transición de 24 meses. El Ejecutivo dice que se trata de “una industria basada en la libertad, la inversión privada y la eficiencia”.
En lo inmediato, los usuarios podrán contratar a otra distribuidora, sin estar atados al monopolio local, en un modelo similar al que se habilitó con la telefonía fija. Aunque todavía falta la reglamentación operativa, la intención oficial es liberar la competencia entre empresas.
“Se acabó el sistema manipulado y cerrado”, anunció la Secretaría de Energía. La medida también reactiva la posibilidad de celebrar contratos de compraventa entre privados, prohibida desde 2013, y habilita la apertura total del comercio internacional de electricidad.
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Para el Gobierno, el sistema actual es insostenible. Culpan a dos décadas de subsidios por haber gastado más de u$s105.000 millones en un esquema ineficiente. Ahora buscan trasladar el riesgo a privados y dejar que el mercado fije precios y condiciones.
Las provincias miran con recelo. El nuevo esquema choca de frente con las jurisdicciones que aún controlan la distribución y recaudan tasas a través de las boletas de luz. El decreto declara ilegales todos los tributos que no retribuyan un servicio efectivo, individual y verificable.
“No podrán cobrar tasas ligadas a ventas, ingresos o parámetros similares”, dice el texto. Esa redacción golpea a intendencias que usaban la factura de energía para financiar alumbrado, mantenimiento y otros servicios municipales.
La medida también refuerza lo dispuesto en la resolución 267/2024, que ya había limitado la inclusión de tasas no eléctricas en las facturas. Ahora, con rango de ley, el cambio busca impedir que provincias y municipios interfieran en la libre circulación de la energía.
El mercado mayorista también cambia. Desde ahora, el Estado solo podrá objetar exportaciones e importaciones por razones técnicas o de seguridad. El resto queda liberado a la negociación entre privados, sin intervención oficial.
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Las empresas celebran, pero los usuarios dudan. Sin tarifas reguladas y con concentración empresarial, la promesa de competencia puede traducirse en segmentación, falta de control y desigualdad en el acceso.
“La libertad de elección es una bandera legítima, pero necesita garantías reales”, advierten especialistas del sector. Hoy, en la mayoría del país, los usuarios no tienen más de una opción.
Tampoco está claro cómo se aplicará el modelo fuera del AMBA, donde el control sigue en manos provinciales. Algunas gobernaciones podrían resistir el cambio o demorar su implementación.
Los contratos actuales siguen vigentes. Para que un usuario pueda cambiar de proveedor, debe esperarse la reglamentación, la adecuación técnica y la decisión de cada jurisdicción. Mientras tanto, la libre elección es un anuncio, no una realidad.
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En paralelo, el Gobierno apuesta a atraer inversión privada para ampliar la infraestructura de transporte eléctrico. El nuevo marco legal habilita a privados a construir líneas con su propio riesgo, sin necesidad de aval estatal.
Así, el Gobierno busca salir del rol de inversor y pasar a ser solo regulador. Pero la letra chica todavía genera dudas. El sistema eléctrico argentino sigue siendo frágil, con redes colapsadas, tarifas segmentadas y obras pendientes en todo el país.
Por ahora, la desregulación avanza más en el discurso que en los medidores. Falta reglamentar, coordinar con las provincias y garantizar que la competencia no se vuelva privilegio. La factura, mientras tanto, sigue llegando igual.
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