
Rutas nacionales: Las increíbles excusas para privatizar la responsabilidad del estado
Actualidad09/07/2025

El Gobierno de Javier Milei dio un giro radical en la política de infraestructura: quiere concesionar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales. Con la eliminación de Vialidad Nacional, la Casa Rosada busca trasladar al sector privado la responsabilidad de financiar y mantener gran parte de la red vial, en nombre del superávit fiscal y la eficiencia.

“Después de décadas de despilfarro, las rutas quedaron en estado crítico y el Estado no puede seguir pagando ese agujero”, lanzó el vocero presidencial, Manuel Adorni, al anunciar la medida. La apuesta es clara: que las empresas privadas asuman los costos de reparación y gestión de los caminos a cambio de concesiones a largo plazo.
La decisión generó un efecto inmediato. Gobernadores y sindicatos viales advierten que el esquema propuesto no garantiza conectividad federal ni obras en zonas no rentables. El propio Adorni reconoció que se abrirá el juego a concesiones en tramos deteriorados por “la corrupción kirchnerista” y la “ineficiencia estatal”. Pero evitó precisar cómo se llevará adelante el nuevo modelo.
El punto más crítico gira en torno a la financiación. La obra pública está prácticamente congelada. En lo que va del año, el Estado destinó apenas medio billón de pesos a infraestructura, una porción mínima frente a los $43,6 billones del gasto total. Y la inversión real cayó un 28% frente a 2023, año que ya venía en picada.
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En este contexto, el Gobierno dejó trascender que no financiará más obras con fondos públicos. De hecho, no confirmó si se reeditará el sistema de Participación Público-Privada (PPP) que utilizó la gestión de Mauricio Macri, ni si habrá subsidios o incentivos para atraer capitales.
Los antecedentes del esquema PPP no son alentadores. Durante el macrismo se firmaron contratos millonarios con constructoras, pero la ejecución fue lenta, los costos se dispararon y la crisis financiera de 2018 paralizó los proyectos. Hoy, con riesgo país alto y tasas elevadas, las condiciones para repetir esa experiencia son aún peores.
Mientras tanto, las provincias reclaman que se les transfiera directamente el impuesto a los combustibles líquidos, que este año recaudó unos $2 billones. Ese fondo debería financiar rutas, pero Nación lo administra con cuentagotas. Los gobernadores denuncian que esos recursos están subejecutados y exigen autonomía para decidir sobre su destino.
La pulseada por esa caja fiscal ya llegó al Congreso. Los bloques provinciales impulsan un proyecto para que el impuesto vaya directo a las arcas provinciales. Pero los gremios viales se oponen, alertan que “rompería la coherencia territorial del sistema vial argentino” y dejaría regiones enteras sin inversión.
Las concesiones tampoco garantizan equidad. Históricamente, el capital privado prioriza corredores con tránsito intenso o zonas turísticas, dejando fuera a provincias periféricas y caminos productivos. El riesgo de que las rutas menos rentables queden abandonadas está latente.
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En ese marco, la nueva Agencia de Control de Concesiones tendrá un rol central. Su misión será supervisar los contratos, controlar las obras y sancionar incumplimientos. Estará bajo el ala del Ministerio de Economía y contará con rango técnico, pero aún no está operativo ni tiene reglamentación vigente.
El objetivo del Gobierno es que las concesiones funcionen sin aportes del Tesoro. Pero los privados exigen reglas claras, tarifas viables y seguridad jurídica. Nadie sale a invertir miles de millones sin garantías, y por ahora el modelo libertario no ofrece certidumbre ni esquema concreto.
Mientras Milei insiste con su motosierra, las rutas se deterioran, los costos logísticos aumentan y los accidentes se multiplican. Según datos de las provincias, el 70% de los caminos nacionales necesita reparaciones urgentes.
El Gobierno responde que el Estado no puede más. “No hay plata”, repite Milei. Y deja claro que la obra pública, salvo que se autofinancie, no volverá. La pregunta que queda abierta es qué empresas querrán hacerse cargo de miles de kilómetros de rutas rotas sin subsidios, y qué pasará con los caminos que no generen ganancia.
Para muchos, la concesión de rutas no es una solución técnica, sino una bandera ideológica. Otro capítulo de la guerra cultural que Milei declaró contra el kirchnerismo. Pero en el medio de ese combate, hay provincias esperando obras, camiones rompiendo ejes y vecinos esquivando pozos.









