Causa Vialidad: Cristina Kirchner y otros condenados deberán devolver casi 685 mil millones al Estado

El monto que deberán devolver los condenados en la causa Vialidad asciende a 684.990.350.139,86 pesos, según la actualización realizada por el cuerpo de peritos de la Corte Suprema. Este cálculo fue solicitado por el Tribunal Oral Federal 2 de la ciudad de Buenos Aires, que tuvo a su cargo el juicio por administración fraudulenta contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el empresario Lázaro Báez, el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y el ex secretario de Obra Pública José López, todos condenados a seis años de prisión. La actualización responde a la necesidad de adecuar el valor del decomiso al contexto económico actual y se vincula directamente con el perjuicio que los jueces consideran probado.

El fallo original, emitido en diciembre de 2022, había fijado la cifra en 86 mil millones de pesos. Sin embargo, con el paso del tiempo y la confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema en junio pasado, el Tribunal Oral Federal solicitó una actualización que reflejara el impacto inflacionario. “Se trató de una fenomenal maniobra defraudatoria cometida entre 2003 y 2015”, remarcó la Corte al dejar firme el fallo. Los delitos investigados están relacionados con la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, una trama que la justicia federal considera parte de un entramado de corrupción institucionalizado.

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Durante los gobiernos kirchneristas se adjudicó de forma sistemática el 80% de la obra vial nacional en Santa Cruz a empresas vinculadas a Lázaro Báez, especialmente Austral Construcciones. Esa concentración en la asignación de contratos motivó la acusación de direccionamiento y malversación de fondos públicos. En total, se analizaron 51 obras adjudicadas entre 2003 y 2015, muchas de las cuales presentaban irregularidades en su ejecución, sobreprecios y pagos anticipados sin justificación técnica. La causa fue una de las más resonantes en los últimos años, no solo por la magnitud de los montos, sino también por la jerarquía de los implicados.

Con el nuevo monto determinado, el Tribunal dará un plazo de diez días hábiles para que los condenados realicen el depósito correspondiente o entreguen bienes a cuenta de lo que les corresponde. En caso de que no cumplan con esta obligación en tiempo y forma, se avanzará con la ejecución de embargos sobre patrimonios identificados. El objetivo es garantizar que el Estado Nacional recupere, al menos en parte, el dinero que se considera desviado mediante prácticas fraudulentas en la obra pública.

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La decisión de la Corte de dejar firmes las condenas marca un hito en la causa Vialidad, ya que clausura la etapa de apelaciones y habilita directamente la ejecución de las penas y el cobro de los fondos. En su dictamen, el máximo tribunal de justicia de la Nación consideró que las pruebas reunidas en el expediente y el razonamiento del tribunal oral resultaban consistentes y suficientes para sostener la condena. Esta definición otorga firmeza al fallo y deja a los imputados en una posición legal que ya no admite revisión.

Cristina Fernández de Kirchner cumple su condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado bajo prisión domiciliaria, pero no por asociación ilícita, delito del que fue absuelta en el mismo proceso. La causa judicial continuará en su ejecución con el objetivo de concretar el decomiso de bienes, dinero o activos que cubran la cifra fijada por los peritos. La ex presidenta ha rechazado todas las acusaciones y ha denunciado en reiteradas ocasiones que el proceso judicial tuvo motivaciones políticas.

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En tanto, Lázaro Báez, ya condenado en otras causas por lavado de dinero, también deberá responder ante esta sentencia en lo que respecta a la porción del daño económico que se le atribuye. En el caso de José López, el ex funcionario conocido por el episodio de los bolsos con dinero arrojados en un convento, se suma otra condena a su historial judicial. Nelson Periotti, como máxima autoridad de Vialidad durante gran parte de los gobiernos kirchneristas, también está alcanzado por la resolución y deberá aportar parte del monto global.

El proceso de ejecución del decomiso implica una tarea compleja de identificación de activos, cruce de datos patrimoniales y posibles medidas cautelares. El objetivo final es que el Estado recupere recursos públicos que, según la justicia, fueron desviados en forma deliberada. Esta etapa será monitoreada por el Tribunal Oral Federal 2 y podría incluir subastas, inhibiciones y otras acciones legales. La magnitud del monto a recuperar refleja la escala del caso y el impacto que tuvo en las cuentas públicas del país.

Fuente: NA.