

“El Estado no puede retirarse ni mirar para otro lado”, sostiene Roberto Wyn Hughes con una mezcla de bronca y cansancio en una entrevista con #LA17. Preside la Fundación de Ayuda al Accidentado y denuncia que el vaciamiento de Vialidad Nacional representa un abandono deliberado que ya se traduce en muertes evitables en las rutas de Chubut. Su advertencia apunta contra el Decreto presidencial 461, que plantea la liquidación de los bienes, maquinarias y estructuras operativas del organismo.

“Esto se paga con vidas humanas”, repite. Las rutas, dice, están destruidas. No hay señalización, las banquinas se desmoronan y el mantenimiento desapareció. La doble trocha entre Madryn y Trelew es una excepción que no alcanza: apenas 60 kilómetros reparados en una provincia que necesita intervención urgente en más de 2.000. “Las rutas siguen siendo de la Nación. La responsabilidad también”, remarca.
La Fundación ya había presentado una denuncia por la paralización de esa obra. Pero el escenario se agravó: no hay campamentos, ni máquinas, ni previsión de continuidad. Las rutas nacionales 3, 25, 40 y 26 muestran grietas, pozos y desvíos que parecen de otro siglo. “Parece que estuviéramos en tiempos de los galeses”, ironiza. Según relata, la ausencia de mantenimiento directo genera condiciones propicias para los accidentes.
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El decreto prevé que los fondos de la liquidación vayan al Tesoro Nacional, sin ninguna asignación específica. “¿Cómo va a mantener las rutas el Estado provincial si no le dejan ni una máquina?”, se pregunta. Y advierte que la seguridad vial no puede quedar sujeta a la rentabilidad privada ni a la buena voluntad de las provincias. Sobre la posibilidad de concesionar rutas de baja circulación como la del Valle a Esquel, es tajante: “No dan los números. Tiene que estar el Estado”.
Actualmente, una medida cautelar detiene el avance del decreto por seis meses. La Fundación evalúa presentar su propio amparo si los legisladores no actúan. El antecedente de Río Negro sirve de guía: un fallo judicial obligó a reparar un tramo entre Bariloche y El Bolsón, aunque “una sentencia sin presupuesto es un papel mojado”, advierte Wyn Hughes.
El problema, insiste, es político. “No puede ser que ningún senador ni diputado de Chubut esté exigiendo una solución”, plantea. Y denuncia una lógica de desguace por decreto. “El Gobierno tira decretos como bombas. Pasó con los bomberos, pasa ahora con Vialidad”, afirma.
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La Fundación quiere sumar abogados con experiencia en litigios sociales para armar una estrategia sólida. Pero también saben que el tiempo corre. “Cada tramo intransitable es una amenaza. Cada curva sin señalizar, un riesgo”, resume. Asegura que las muertes no son hipótesis ni cálculos: son datos, son familias destruidas.
La preocupación supera los expedientes. “Esto nos supera como ONG, pero no vamos a quedarnos de brazos cruzados”, cierra. Mientras tanto, las rutas siguen rotas. Y cada día sin mantenimiento es una ruleta más en la que se juegan vidas.









