Procesaron a dos funcionarias por organizar el escrache con materia fecal en la casa de José Luis Espert

La Justicia Federal procesó a dos funcionarias bonaerenses por haber organizado el escrache frente a la casa del diputado libertario José Luis Espert. En esa protesta, realizada en Vicente López, se arrojaron bolsas con materia fecal como forma de repudio político.

La resolución judicial fue firmada por la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien también impuso un embargo por 5 millones de pesos. Las imputadas son Alesia Abaigar, integrante del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y Eva Mieri, concejal de Quilmes.

Ambas fueron acusadas de ser coautoras de atentado contra el orden público, amenazas agravadas e incitación al odio por motivos políticos. Según la magistrada, “formaron parte, en carácter de organizadoras, de una agrupación que tenía por finalidad condicionar la actuación presente y/o futura del diputado”.

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La resolución también alcanza a Iván Díaz Bianchi, empleado administrativo del Hospital Cetrángolo. La jueza sostiene que los tres planificaron la protesta y coordinaron detalles como vestimenta, logística, lugar y horario.

“Abaigar fue quien ofreció incluso pagar los traslados de participantes”, detalla el fallo. Las pruebas surgieron de conversaciones extraídas del celular de la funcionaria, en las que también se sugiere la preferencia por convocar solo a mujeres.

El escrache ocurrió meses atrás frente a la vivienda del legislador. La modalidad, el contenido de los cánticos y la presencia de residuos biológicos como forma de protesta motivaron la investigación judicial bajo cargos penales. Arroyo Salgado destacó el agravante de que las organizadoras ocupaban cargos públicos. “Obraron contrariamente a lo que demandan sus investiduras”, sostuvo en su dictamen.

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El expediente también incluyó otras personas investigadas, aunque algunas quedaron desligadas del proceso. La jueza sobreseyó a Eva Pietravallo, madre de Abaigar, y a Alberto Protti, su expareja. Además, dictó la falta de mérito para Aldana Muzzio y Candelaria Montes Cato.

Con esta resolución, también se levantó el secreto de sumario que regía desde el inicio del caso. La investigación continúa en manos del juzgado federal de San Isidro y se esperan más medidas vinculadas a la organización del hecho.