
El Gobierno eliminó programas de asistencia a víctimas de violencia de género
Actualidad20/07/2025

El Gobierno nacional oficializó la eliminación de dos programas que prestaban asistencia a personas en situación de violencia de género. La medida fue firmada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y publicada en el Boletín Oficial bajo la resolución 466/2025.

Con esta disposición, quedaron derogadas la resolución 575/2021 y la 55/2022, que daban sustento al Registro Nacional de Organizaciones Sociales y al Programa Acercar Derechos, dos herramientas creadas por el ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Ambos programas articulaban redes de contención y acompañamiento para mujeres y diversidades en situación de violencia.
El Gobierno justificó la medida argumentando “irregularidades” detectadas en una auditoría interna. Según el informe presentado por la Unidad de Auditoría del ex Ministerio, el 75% de las acciones activas no se actualizaba desde hacía más de seis meses, y el 38% de los casos asistidos no contaba con ningún tipo de seguimiento.
También se detectaron fallas estructurales. El 26% de los expedientes carecía de estrategias integrales de intervención, y en muchos casos no existía documentación respaldatoria ni firmas profesionales. Además, los sistemas primarios y auxiliares de registro funcionaban de manera descoordinada, dificultando el control de la gestión.
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"El circuito implementado por el Ministerio no resultaba suficiente para mitigar los riesgos de cumplimiento y control", sostiene la resolución.
Frente a este diagnóstico, la cartera de Justicia instruyó a tres dependencias clave –la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Unidad de Auditoría Interna y la Subsecretaría de Gestión Administrativa– a implementar medidas para asegurar la derogación efectiva.
Esta decisión se suma a un recorte más amplio de políticas públicas con enfoque de género. Semanas atrás, a través del Decreto 436/2025, el Gobierno disolvió el Observatorio de la Educación Vial y eliminó la jornada obligatoria “Educar en Igualdad” en todas las escuelas del país.
En ese decreto también se suprimieron artículos de las leyes 27.214 y 27.234, que promovían políticas de prevención de la violencia de género desde la educación. El argumento oficial fue que esas competencias ya no deben recaer sobre el Estado nacional.
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Organizaciones feministas, profesionales y trabajadoras del área expresaron preocupación ante el vaciamiento de políticas que hasta ahora garantizaban canales de acceso a la asistencia. “Dejan a las mujeres solas y sin herramientas”, advirtieron desde espacios vinculados a los dispositivos territoriales.
La gestión de Javier Milei impulsa estas medidas amparada en la Ley Bases (Ley 27.742), que le otorgó facultades extraordinarias para reorganizar la estructura estatal. El objetivo declarado es achicar el Estado, controlar el gasto y mejorar la eficiencia institucional.
Sin embargo, desde sectores críticos señalan que este tipo de decisiones ponen en riesgo derechos básicos y afectan directamente a poblaciones vulnerables, sin presentar alternativas claras.
La eliminación del Programa Acercar Derechos y del Registro Nacional de Organizaciones Sociales marca un retroceso en términos de políticas públicas con perspectiva de género, según advirtieron especialistas en políticas sociales.









