Clausuran clínica clandestina en la Villa 31: dos médicos imputados por ejercer ilegalmente

Una clínica clandestina que operaba sin habilitación en la Villa 31 fue clausurada este jueves por la Policía de la Ciudad en un operativo que derivó en la imputación de dos médicos por ejercicio ilegal de la medicina, falsificación de documentos públicos y tenencia de medicamentos vencidos. El allanamiento se llevó a cabo en un inmueble ubicado sobre la calle Sara Beatriz Fernández al 400, en el barrio porteño de Retiro, como parte de una investigación que venía siguiendo la pista de un centro de salud irregular que atendía, entre otros, a personas vinculadas con actividades delictivas.

El procedimiento estuvo encabezado por la División Investigaciones Especiales, con participación de brigadas de Delitos Complejos, personal del Ministerio de Salud de la Nación, la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC) y la Agencia Gubernamental de Control (AGC), que ordenó la clausura administrativa inmediata del lugar.

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Durante el operativo, los oficiales incautaron camillas, estetoscopios, termómetros, nebulizadores, un ecógrafo portátil, un sistema de monitoreo de glucemia y una gran cantidad de medicamentos vencidos, muchos de ellos sin trazabilidad. Además, se encontraron recetas oficiales adulteradas con sellos falsos del Hospital Fernández y documentación médica apócrifa, firmada por un profesional sin relación con el establecimiento.

Fueron imputados un hombre de 58 años y una mujer, ambos médicos, por infracción al artículo 204 del Código Penal (propagación de enfermedades), la ley 16.463 sobre regulación de medicamentos, y la ley 17.132 que establece las normas del ejercicio profesional en el campo de la salud. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°15 y el Juzgado N°26 de ese fuero.

La investigación se enmarca en una causa más amplia, que ya había derivado en el cierre de otro consultorio clandestino en julio del año pasado. Según indicaron fuentes de la pesquisa, este nuevo centro funcionaría como una continuación encubierta del anterior, repitiendo la modalidad ilegal y poniendo en riesgo la salud pública en una de las zonas más vulnerables de la ciudad.

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Desde el Ministerio de Salud se advirtió que la atención médica sin control sanitario ni habilitación constituye un delito grave, con consecuencias directas sobre la seguridad de los pacientes y el sistema público. Además de los riesgos inherentes a la mala praxis y al uso de medicamentos vencidos, la falsificación de documentación y de sellos oficiales compromete seriamente la integridad del sistema de recetas y puede derivar en causas penales más complejas.

El operativo también contó con apoyo táctico de los cuerpos DOU y DUTP 1, quienes garantizaron la seguridad durante la irrupción en el lugar. Se trata de una acción coordinada que apunta a desarticular redes ilegales de atención médica y venta de fármacos, y que podría tener más derivaciones en los próximos días si se confirman vínculos con otras actividades delictivas.

La clausura de este tipo de establecimientos apunta a reforzar los mecanismos de control sanitario en asentamientos urbanos, donde la falta de infraestructura formal muchas veces es aprovechada para montar servicios clandestinos que operan sin habilitación y sin control profesional real, generando un alto riesgo para la comunidad.