Los diputados nacionales: entre el voto popular y el brazo del poder

Aunque la Constitución dice que representan al pueblo, los diputados nacionales parecen legislar en otro idioma. En los últimos dos años, la Cámara baja se convirtió en una extensión de los pactos partidarios, los intereses provinciales y las estrategias de supervivencia del poder central.

El Congreso votó jubilaciones sin plata, vetos sin debate, y leyes que nadie aplica. La sesión de la Ley Bases expuso el juego en su forma más cruda: acuerdos de medianoche, negociaciones a cambio de cargos y pactos sellados con votos "clave" que cambiaron de bando según la coyuntura.

La Libertad Avanza no tiene mayoría, pero manda. Logró imponer su agenda con alianzas fluctuantes, apelando al temor al ajuste o al reparto de fondos. Gobernadores del PRO, radicales aliados y bloques “federales” armaron mayoría con silencios más que con convicciones. “Si no acompañan, no hay obras”, deslizó un ministro, y el mensaje surtió efecto.

En el último año, el Congreso aprobó leyes con impacto directo en millones de personas, pero con poco debate real. El veto a la fórmula jubilatoria, el congelamiento de la moratoria previsional y el rechazo a la emergencia en discapacidad mostraron una Cámara fragmentada, sin fuerza para hacer valer decisiones previas.

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Los diputados oficialistas defendieron cada recorte con el libreto del déficit cero. En cambio, los opositores duros votaron en bloque, pero no lograron imponer una estrategia común. El resto se movió entre el cálculo electoral y las órdenes de los gobernadores, priorizando alianzas territoriales por sobre la representación nacional.

En Chubut, por ejemplo, los votos de los diputados respondieron más a la Rosada que a los reclamos provinciales. Incluso con diferencias discursivas, acompañaron el grueso de la agenda económica y evitaron confrontar con Milei en votaciones sensibles.

El Congreso votó la emergencia alimentaria, pero no la financió. Aprobó beneficios para Pymes, pero los vetó el Ejecutivo. Discutió durante meses una fórmula jubilatoria que, una vez sancionada, fue vetada por completo. El resultado: leyes que no se aplican, y discursos vacíos.

En los hechos, muchos diputados se convirtieron en gestores de gobernadores o intermediarios de intereses partidarios. Responden a pactos más que a promesas. Algunos ni siquiera explicaron sus votos, y otros cambiaron de postura sin rendir cuentas.

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El Congreso perdió iniciativa y se volvió previsible. El Ejecutivo impone el ritmo, y la Cámara corre detrás, reactiva y frágil. En nombre del ajuste, se aceptó una caída del presupuesto legislativo, de las partidas sociales y de las jubilaciones.

En la práctica, los diputados no consultan a sus electores ni bajan al territorio para rendir cuentas. La ciudadanía vota cada dos años, pero el Congreso actúa como si tuviera otro patrón. Los proyectos locales se congelan y las prioridades cambian al ritmo del poder central.

La representación nacional, según la Constitución, debería ser directa y popular. Pero en la realidad actual, los diputados parecen más comprometidos con la rosca parlamentaria que con quienes los pusieron en esas bancas.

El Congreso sigue funcionando. Pero el pueblo —ese que supuestamente representa— cada vez lo siente más lejos.