Diputados impulsan comisión investigadora por el escándalo del fentanilo adulterado

El Congreso se prepara para abrir un frente político y sanitario por el caso del fentanilo contaminado. Tres bloques presentaron proyectos para crear una comisión investigadora con amplias facultades, que indague las fallas de los controles del Estado y la responsabilidad de los laboratorios involucrados.

La presión llegó desde el PRO, con la diputada Silvana Giudici a la cabeza, quien llevó al recinto a familiares de víctimas. La Comisión de Salud, presidida por Pablo Yedlin, firmó un dictamen con un pedido de informes a la Anmat sobre la cantidad de casos y muertes confirmadas, discriminadas por edad, sexo, condiciones preexistentes y jurisdicción.

Los legisladores también exigen detallar la cronología del brote, desde los primeros signos de alerta hasta las medidas de remediación y sanciones a los laboratorios. Piden datos de los lotes contaminados, resultados de análisis y la existencia de otros medicamentos adulterados en circulación.

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El informe deberá incluir información sobre la composición accionaria de HLB Pharma S.A. y Ramallo S.A., fechas de habilitación para producir y el historial de inspecciones de Anmat.

Giudici propone que la comisión tenga acceso a documentos de todos los niveles de gobierno, pueda convocar a funcionarios y recibir denuncias de particulares, y que concluya su trabajo en tres meses con un informe para remitir a la Justicia.

El texto también abre la puerta a que la comisión solicite informes y antecedentes a provincias, municipios y entes descentralizados, con la idea de trazar un mapa completo de responsabilidades.

Democracia para Siempre, a través de Pablo Juliano, también propone una comisión de tres meses para determinar la participación del Estado Nacional, HLB Pharma y privados que formaron parte de la distribución de los lotes adulterados. “El Congreso debe investigar este hecho gravísimo que se ha cobrado casi cien vidas”, sostuvo.

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Juliano remarcó que la misión es identificar responsabilidades políticas e institucionales, sin interferir en el trabajo judicial que busca determinar las responsabilidades penales.

El proyecto de Jorge Araujo Hernández (UxP) plantea una subcomisión dentro de la Comisión de Salud, en lugar de crear un nuevo cuerpo, con el objetivo de acelerar la investigación y evitar demoras burocráticas.

La iniciativa de Juliano incorpora un mecanismo de desempate para evitar bloqueos internos, como ocurrió en la comisión investigadora del caso Libra, que quedó trabada por disputas partidarias.

En el Congreso advierten que el caso combina negligencia estatal, posible corrupción empresarial y un impacto mortal en la salud pública, lo que lo convierte en un tema de máxima prioridad política.

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Para las familias de las víctimas, la creación de una comisión investigadora representa la posibilidad de acceder a la verdad y de que se avance hacia sanciones concretas.

En paralelo, la Anmat deberá responder a un extenso cuestionario, con información técnica y administrativa que podría revelar fallas en los sistemas de control.

Si las propuestas prosperan, el Parlamento quedará en el centro de un caso que podría marcar un antes y un después en la regulación de medicamentos y en la vigilancia de laboratorios.