Fiscalía pidió prisión efectiva para directivos de Conarpesa por contaminación en el Golfo Nuevo
Policiales19/08/2025
Sergio Bustos
Los apuntados en el banquillo de los acusados.
La causa contra dos directivos de Conarpesa entró en una instancia decisiva. El Ministerio Público Fiscal pidió condenas de efectivo cumplimiento por el volcado de líquidos crudos al Golfo Nuevo.
Durante los alegatos, los fiscales solicitaron que se declare la culpabilidad de Nadine Parry, responsable ambiental de la empresa, y de Yosef Vargas, jefe de planta de efluentes. Para Parry pidieron 3 años y 6 meses de prisión, mientras que para Vargas solicitaron 3 años y 3 meses.
La acusación sostiene que existió una maniobra deliberada para derivar efluentes sin tratar al mar. “Testimonios, pericias, actas, fotos, inspecciones oculares y análisis de laboratorio confirmaron la existencia de un by pass clandestino”, indicaron en la audiencia.
Ese sistema habría permitido que residuos líquidos del procesamiento de langostino se descargaran al Golfo con valores de contaminación miles de veces superiores a los permitidos por normativa.
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Entre las pruebas incorporadas figuran mensajes de WhatsApp intercambiados entre los imputados. Para la Fiscalía, esos chats demuestran el conocimiento y la decisión conjunta de llevar adelante la maniobra.
Los defensores de Parry y Vargas, en cambio, reclamaron la absolución. Plantearon que las pruebas no alcanzan para determinar responsabilidades personales y hablaron de “dudas razonables” sobre la participación de los acusados.
La jueza Patricia Reyes escuchó las posiciones de ambas partes y adelantó que el fallo se dará a conocer la próxima semana. Su resolución marcará el rumbo de un proceso seguido con atención por toda la comunidad.
El caso generó gran impacto en Puerto Madryn. Vecinos y organizaciones ambientales denunciaron que la contaminación en el Golfo pone en riesgo la biodiversidad y afecta a las actividades turísticas y pesqueras de la ciudad.
En la sala de audiencias, los representantes del Ministerio Público fueron categóricos. “Estamos ante un hecho grave que afecta al ecosistema marino y a toda la comunidad que convive con el Golfo Nuevo”, enfatizaron.
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El proceso judicial no solo busca establecer responsabilidades penales, sino también dejar un antecedente en materia de protección ambiental. Para la Fiscalía, aplicar condenas firmes enviaría un mensaje a toda la industria pesquera sobre los límites de su actividad.
En paralelo, sectores empresariales del rubro siguen con inquietud el juicio. Temen que una sentencia de prisión efectiva pueda derivar en mayores controles sobre el tratamiento de efluentes y en sanciones económicas para otras compañías.
La discusión también llegó al ámbito político. Algunos dirigentes locales plantearon la necesidad de endurecer los mecanismos de fiscalización ambiental, mientras otros cuestionan la falta de controles previos por parte de los organismos provinciales.
La resolución de Reyes definirá si el caso queda enmarcado como un hecho aislado o si inaugura una línea más severa de sanciones contra las empresas que incumplen las normas ambientales.
La expectativa se concentra en la próxima semana. Será entonces cuando la Justicia defina si Nadine Parry y Yosef Vargas reciben una condena de prisión efectiva o si quedan absueltos en una causa que puso al Golfo Nuevo en el centro del debate.
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