Impacto político por la suspensión preventiva de la directora del INAME por el caso fentanilo

El Gobierno resolvió suspender preventivamente a la directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecón Fumado, a raíz de su actuación en el caso del fentanilo contaminado que dejó al menos 96 víctimas fatales. La medida quedó establecida en la Resolución 2415/2025, publicada en el Boletín Oficial.

La decisión fue adoptada por el ministro de Salud, Mario Lugones, quien dispuso limitar desde el 20 de agosto la designación transitoria de Mantecón Fumado en el cargo de directora nacional del organismo dependiente de la ANMAT. La funcionaria había sido nombrada en marzo de 2023 a través de una decisión administrativa.

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Según trascendió, la medida se tomó luego de que un medio de comunicación revelara la existencia de un documento interno al que el INAME no habría otorgado el trámite urgente que correspondía. El texto estaba vinculado al laboratorio Ramallo, fabricante exclusivo para HLB Pharma, donde se produjo el lote de fentanilo adulterado.

Fuentes oficiales confirmaron que el caso generó una fuerte reacción dentro del Ministerio de Salud y obligó a revisar las actuaciones de los organismos de control. “La situación requería una respuesta inmediata”, remarcaron desde el entorno de Lugones.

Mientras tanto, el sumario administrativo interno continúa en curso bajo carácter reservado. El objetivo es determinar si existieron irregularidades o responsabilidades internas en la actuación del INAME, aunque sus resultados todavía no se dieron a conocer.

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En paralelo, la justicia federal avanza con su propia investigación sobre la cadena de producción y distribución del fentanilo adulterado. Ambas instancias, administrativa y judicial, corren por vías separadas pero con puntos de contacto que podrían definir responsabilidades políticas y penales.

El escándalo puso bajo la lupa a un sector estratégico del Estado. El caso reveló fallas en los controles y generó dudas sobre la eficacia de los mecanismos internos de la ANMAT. El impacto político, sanitario y social sigue en aumento, con reclamos de mayor transparencia en los procesos de fiscalización.