Fentanilo contaminado: la Justicia apartó a Salud como querellante en la causa
Actualidad22/08/2025
Sergio Bustos
Fentanilo secuestrado.
La causa por el fentanilo contaminado sumó un giro político y judicial. El juez Ernesto Kreplak revocó al Ministerio de Salud el rol de querellante, al considerar que podría haber responsabilidades estatales en los controles fallidos.
La decisión impacta de lleno en la estrategia del Gobierno nacional. El Estado ya no podrá sostener el rol de acusador particular en un expediente donde los organismos públicos encargados de fiscalizar quedaron bajo sospecha.
En la resolución, el magistrado fue claro: “Lo alegado por las autoridades para ejercer el rol de acusador particular no resulta suficiente argumento para mantener su legitimación activa”.
La investigación se centra en los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, donde se produjeron los lotes adulterados. El caso derivó en la detención de directivos, técnicos y accionistas vinculados a ambas empresas.
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Entre los detenidos figuran Diego y Damián García, Nilda Furfaro, Javier Tchukran, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio, José Antonio Mairorano, Horacio Tallarico y Rodolfo Labrusciano.
El empresario Ariel García Furfaro, dueño de los dos laboratorios, se entregó en la alcaidía de Ezeiza antes de la medianoche. Quedó detenido junto a su abogado y espera prestar declaración indagatoria.
La investigación avanza sobre las prácticas internas de los laboratorios, pero también sobre el rol del Estado. Los organismos de control sanitario aparecen en la mira por posibles omisiones o complicidades.
Los fiscales sostienen que es necesario determinar si hubo negligencia en la supervisión o un esquema de connivencia que permitió la circulación del fentanilo adulterado.
El apartamiento del Ministerio de Salud como querellante abre un interrogante. La Justicia busca garantizar imparcialidad mientras analiza si los propios organismos estatales fallaron en su deber de control.
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Las exportaciones de carne generaron casi US$2000 millones en siete meses pese a la caída de volumenEl caso tiene impacto político porque exhibe las limitaciones del Estado frente al mercado farmacéutico. El retiro de Salud como parte activa muestra la tensión entre la fiscalización pública y la investigación penal.
La defensa de los acusados intentará usar este argumento. Los abogados sostendrán que no se pueden atribuir todas las responsabilidades a las empresas si los controles estatales fueron ineficientes.
Mientras tanto, el juez Kreplak ordenó avanzar con las indagatorias. Los detenidos deberán explicar cuál fue su participación en la producción y distribución de los lotes adulterados.
El expediente también apunta a reconstruir el recorrido del fentanilo en el mercado. Se busca establecer cómo los lotes contaminados lograron superar las instancias de control hasta llegar a la distribución final.
El caso refleja una doble dimensión: por un lado, el accionar de los laboratorios privados; por otro, las falencias de los organismos estatales que debían garantizar la seguridad sanitaria.
Con este fallo, el proceso judicial se encamina hacia un análisis más amplio, donde no solo se juzgarán responsabilidades empresariales, sino también posibles fallas de control dentro del propio Estado.
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