Condenaron a los seis imputados por los hechos violentos durante la protesta anti minera en Chubut
Chubut22/08/2025
REDACCIÓN
Casa de Gobierno de Chubut incendiada
El Tribunal Unipersonal, a cargo del juez Javier Ángel Allende, resolvió condenar a seis personas por los incidentes ocurridos el 16 de diciembre de 2021 en Rawson. Ese día se atacaron edificios públicos como el Superior Tribunal de Justicia, la Legislatura provincial y la Procuración General, en medio de las protestas por la zonificación minera.
Las penas alcanzaron distintos niveles de gravedad según la conducta de cada acusado. Lucas Espinoza Andrade, Lourdes Molina Leguiza y Nicolás Díaz recibieron un año de prisión en suspenso por daños y hurto agravado. En tanto, Damián Díaz fue condenado a un año de cumplimiento efectivo por tener antecedentes.
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Las condenas más severas recayeron sobre Mauricio Vargas y Gastón Velázquez. Vargas recibió seis años de prisión por incendios y saqueos en la Procuración General, mientras que Velázquez fue sentenciado a cuatro años por tres hechos de daño y hurto agravado en el STJ y la Legislatura.
La fiscal general Florencia Gómez estuvo a cargo de la acusación en representación del Ministerio Público Fiscal. Su actuación fue decisiva en el debate oral que culminó con el fallo. Por su parte, la defensa fue ejercida por los abogados de la Defensa Pública Penal, Miguel Moyano y Pablo Sánchez.
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Durante el juicio, se destacó que los imputados actuaron en un marco de violencia generalizada. Según el fallo, lo hicieron con plena conciencia de la ilegalidad de sus conductas, lo que los diferenció de quienes se manifestaron de manera pacífica aquel día.
El tribunal señaló que los incidentes generaron un daño profundo en el funcionamiento del Estado. Los ataques destruyeron documentación sensible y paralizaron tareas esenciales en distintos organismos, provocando un impacto que todavía se recuerda en la capital provincial.
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El juez Allende subrayó la gravedad de los hechos cometidos. En su resolución remarcó que la quema de edificios y el saqueo de bienes públicos excedieron cualquier expresión de protesta y constituyeron delitos concretos con responsabilidad individual.
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