El Ministerio de Justicia gastó $648 millones en pasajes y comisiones con dudas sin aclarar

El Ministerio de Justicia aprobó el 14 de agosto una contratación por $648.779.200 en pasajes y asistencia al viajero, bajo la conducción de Mariano Cúneo Libarona. La decisión despertó interrogantes porque se desestimó una propuesta $34 millones más barata y no se fijó un precio testigo de referencia.

La adjudicación recayó en Sudameria Incoming Solutions SRL, que obtuvo 90 puntos en la evaluación técnica, contra los 80 de ITS International Travel Services SA, la firma que había ofertado por $614,9 millones. No hubo impugnaciones, pero la ausencia de un valor de control oficial deja abierta la sospecha de sobreprecios.

El esquema elegido fue una Orden de Compra Abierta por 12 meses, prorrogables, lo que permite extender el contrato hasta 2026 sin nueva licitación. Este mecanismo otorga flexibilidad, aunque reduce la transparencia frente a cambios en la demanda y precios del mercado.

Los gastos directos se desglosan en: $255 millones en pasajes aéreos nacionales, $250 millones en internacionales, $30 millones en ómnibus y trenes, y $34,5 millones en asistencia al viajero. A esto se suman comisiones millonarias por cada gestión realizada.

OTRAS NOTICIAS

Acindar suspende producción y trabajadores: un golpe al acero argentino

En números: 600 pasajes nacionales dejaron $45,7 millones en comisiones; 200 internacionales, $18,2 millones; 300 de ómnibus o trenes, $7,6 millones; y 200 asistencias, otros $7,6 millones. En promedio, cada trámite implicó pagos extra de entre $25.000 y $91.000.

El pliego también obliga a la empresa a proveer un software global de reservas, atención 24 horas y un ejecutivo exclusivo para el ministerio. El servicio incluye además cobertura médica internacional y compensación por equipaje.

Lo polémico es que los fees no están detallados con claridad en la documentación oficial, lo que impide medir el impacto real en el costo final para el Estado. Sin precio testigo y con margen para incorporar servicios adicionales dentro de los topes, el contrato abre la puerta a sobrecostos.

La Sindicatura General de la Nación advirtió que no pudo determinar un valor de referencia, lo que refuerza la preocupación sobre la falta de control.

OTRAS NOTICIAS

Madryn presentó la Feria del Libro que se afianza como evento cultural de referencia en la Patagonia

Para los especialistas, la decisión abre un debate sobre el uso eficiente de los fondos públicos, ya que si bien se priorizó la capacidad técnica, el ahorro de $34 millones quedó descartado sin mayores explicaciones.

El contrato se financiará con partidas de 2025 y 2026, lo que compromete recursos de la próxima administración. Esto contrasta con el carácter coyuntural que suelen tener los viajes oficiales.

En paralelo, Cúneo Libarona mantiene alta exposición política por la demora en el sistema acusatorio y los conflictos con jueces federales. Su gestión también fue señalada por respaldar los nombramientos por decreto de jueces de la Corte Suprema.

Más que una compra rutinaria, se trata de un gasto que requiere auditoría pública inmediata, con información abierta sobre emisiones, reemisiones y pagos por cada trámite.

En definitiva, el contrato de $648 millones quedó marcado por dudas en la evaluación, la ausencia de controles de mercado y comisiones poco transparentes. El próximo paso será conocer el informe técnico que justificó la elección de la empresa adjudicataria.