Pesatti impulsa una ley para sancionar discursos de odio en la función pública

El vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, sacudió la agenda legislativa al presentar un anteproyecto que apunta a prevenir, prohibir y sancionar los discursos de odio emitidos desde la función pública.

Al fundamentar la iniciativa, Pesatti fue contundente: “La palabra de un funcionario no es la de un ciudadano común; está investida de la autoridad del Estado y, por lo tanto, cada expresión se convierte en un acto de gobierno”.

El proyecto define como discurso de odio a toda expresión que incite, promueva o justifique la discriminación, la hostilidad o la violencia contra personas o grupos por motivos de etnia, religión, género, orientación sexual, discapacidad, condición social u opinión política.

Según explicó, la propuesta se apoya en compromisos internacionales. “El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen que toda apología del odio que incite a la violencia debe estar prohibida por la ley”, subrayó.

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Las sanciones previstas van desde apercibimientos y suspensiones hasta cesantía o exoneración en los casos más graves. También contempla medidas de reparación simbólica como retractaciones públicas o actividades de formación y servicio comunitario.

Para los cargos electivos, la iniciativa es todavía más estricta. “La conducta alcanzada por esta ley será causal de mal desempeño y podrá dar lugar a juicio político y separación del cargo”, enfatizó Pesatti.

En su discurso, trazó una advertencia histórica: “Ninguna guerra nació de la boca de un cañón, sino de palabras que incitaron a la violencia. La violencia verbal es la antesala de la violencia física”.

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La autoridad de aplicación será la Secretaría de Derechos Humanos provincial, encargada de recibir denuncias, elaborar dictámenes técnicos y coordinar capacitaciones obligatorias para el personal del Estado.

Pesatti cerró con una frase que resume el espíritu del proyecto: “El discurso público debe administrarse con la misma responsabilidad con la que se administran los fondos públicos. De él depende la salud de nuestra convivencia democrática”.

El anteproyecto ya fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, donde se analizará su viabilidad antes del debate en el recinto.