Los 55 perros rescatados en Madryn fueron entregados en guarda judicial a voluntarios de APAM
Chubut02/09/2025
REDACCIÓN
salchichas gpt
La Justicia de Chubut tomó una decisión clave en la causa por maltrato animal que involucra a Sandra Beatriz Garbarino, luego de que se encontraran 55 perros en condiciones de hacinamiento en su vivienda del Barrio Comercio. En una audiencia realizada este lunes, la fiscal Cecilia Pistará comunicó la imputación formal bajo el artículo 3, inciso séptimo, de la Ley 14.346, que sanciona los actos de crueldad hacia los animales.
La jueza penal María Inés Bartels dispuso que los animales rescatados sean reconocidos como sujetos de derechos, una definición que refuerza su protección legal. En ese marco, resolvió que sean entregados en carácter de depositarios judiciales a voluntarios de la Asociación Protectora de Animales (APAM), con el fin de que reciban un cuidado adecuado.
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La medida tiene carácter transitorio. No implica que los perros sean dados en adopción definitiva, sino que busca garantizarles un alojamiento digno hasta tanto avance la investigación. La jueza entendió que el lugar donde permanecían —las instalaciones de Zoonosis municipal— no contaba con las condiciones necesarias para recibir a tantos animales.
El operativo de rescate permitió identificar la presencia de 46 perros Dachshund (conocidos como salchichas), junto con 7 bulldogs francés, 1 dogo y 1 labrador. Todos presentaban un estado sanitario deficiente y evidencias de haber permanecido largo tiempo en encierro y en un espacio reducido.
Con la apertura de la investigación, la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales (UFE AyADA) cuenta ahora con un plazo de seis meses para reunir pruebas, recibir testimonios y avanzar hacia una acusación formal. La imputada, como propietaria de la vivienda, quedó notificada de los cargos que pesan en su contra.
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El delito de maltrato animal, según lo previsto en la normativa vigente, contempla una pena máxima de un año de prisión. Aunque se trata de un delito excarcelable, la imputación marca un antecedente importante en el reconocimiento judicial del bienestar de los animales.
Durante la audiencia, la fiscal Pistará explicó que los perros no solo fueron víctimas de hacinamiento, sino también de actos que configuran crueldad, al carecer de atención veterinaria, alimentación adecuada y espacios de higiene. Estos elementos forman parte del expediente y serán evaluados en el transcurso del proceso.
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Las autoridades remarcaron que la intervención de APAM permitirá que los perros recuperen gradualmente su estado de salud y puedan ser monitoreados de manera permanente. Los voluntarios que asumieron la guarda judicial quedaron registrados como responsables de su cuidado ante la Justicia.
El caso generó una fuerte repercusión en la comunidad, donde vecinos y asociaciones animalistas reclamaron sanciones firmes y mayor control para evitar que se repitan situaciones similares. La decisión judicial también reavivó el debate sobre el cumplimiento de la Ley 14.346, vigente desde 1954, y sobre la necesidad de actualizar las herramientas legales de protección animal en la Argentina.
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