Neuquén avanza con narcotests sorpresivos a políticos y jueces en medio de fuertes cuestionamientos
Actualidad02/09/2025
REDACCIÓN
Legislatura del Neuquén
El debate por la implementación de narcotests obligatorios a funcionarios y magistrados en Neuquén continúa sumando tensiones. Este martes, la iniciativa obtuvo despacho en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, aunque todavía no se trató en el recinto y su futuro permanece abierto.
La propuesta establece que las máximas autoridades provinciales, integrantes de los tres poderes del Estado y representantes de organismos autárquicos deberán someterse a controles toxicológicos periódicos y sorpresivos. La norma alcanzaría al gobernador, la vice, ministros, fiscales, jueces, defensores, diputados, intendentes y concejales, entre otros.
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Los test iniciales serían de orina o saliva, con un costo de entre 15.000 y 20.000 pesos, que deberá abonar cada funcionario. En caso de resultado positivo, se exigirá un examen toxicológico más preciso, valuado en alrededor de 200 dólares, seguido de una contraprueba dentro de las 48 horas.
El objetivo declarado es detectar sustancias psicoactivas prohibidas, entre ellas metabolitos de cocaína, cannabinoides, opioides, anfetaminas, metanfetaminas y psicotrópicos como MDMA, MDA, benzodiacepinas o barbitúricos. Lo que aún no se definió es quién será la autoridad de aplicación, un punto sensible que podría recaer en el Ministerio de Salud o en el de Seguridad.
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El oficialismo sostiene que la medida busca garantizar que quienes toman decisiones políticas y judiciales no tengan vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, el eje de la discusión pasa por las sanciones: mientras sectores como el PRO reclaman una expulsión automática, la oposición insiste en que cada caso debe resolverse con los mecanismos constitucionales correspondientes, como juicio político, jurado de enjuiciamiento o sumarios administrativos.
El legislador Federico Méndez (Comunidad) advirtió que el castigo no puede quedar en manos de la autoridad de aplicación, mientras que Darío Martínez (Unión por la Patria) también observó falencias en la redacción. El radical César Gass sorprendió al admitir que, en normas previas como la ley de reiterancia, no se habían ponderado adecuadamente los aspectos constitucionales.
Desde el oficialismo, Francisco Lepore (Avanzar) respondió que la constitucionalidad es un tema que debería resolver el Poder Judicial, lo que despertó nuevas críticas. “No puede decir que nosotros no tenemos que velar por la constitucionalidad de las leyes que sacamos”, replicó Gass.
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Finalmente, el despacho aprobado establece que, en caso de un resultado positivo confirmado, las actuaciones deberán remitirse al organismo donde el funcionario cumpla funciones para que se apliquen los procedimientos vigentes y se decida si corresponde una suspensión o remoción.
El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Ernesto Novoa, había anticipado que el texto pasaría a la comisión de Hacienda para conseguir el último aval antes del debate en el recinto. Sin embargo, la reunión prevista fue suspendida y, por ahora, el proyecto seguirá en suspenso, manteniendo viva la controversia sobre su constitucionalidad y su eventual aplicación.
Fuente: Diario Río Negro
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