Poder Ciudadano pidió ser querellante en la causa por presuntas coimas en la ANDIS

La Fundación Poder Ciudadano presentó un escrito ante el Juzgado Federal Nº 11 para solicitar su incorporación como parte querellante en la investigación por presunto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El expediente apunta a compras directas de medicamentos a la droguería Suizo Argentina, bajo sospecha de irregularidades.

El pedido fue firmado por el presidente de la ONG, Pablo Secchi, y los abogados Hugo Wortman Jofré y Tomás Brady, quienes fundamentaron que la corrupción afecta intereses colectivos al comprometer el funcionamiento del Estado y el uso de los fondos públicos. Si el juez Sebastián Casanello admite la solicitud, la organización podrá acceder al expediente y formular acusaciones propias, en paralelo a la investigación del fiscal Franco Picardi.

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En el escrito, la entidad argumentó que “la transparencia es un interés colectivo cuya contracara es la corrupción” y que las organizaciones que trabajan en su erradicación deben tener legitimidad para intervenir. Recordaron que delitos de esta naturaleza no tienen una víctima individualizable, sino que impactan en la ciudadanía en su conjunto.

Por el momento, la causa se encuentra bajo secreto de sumario, lo que limita el acceso a detalles precisos. Sin embargo, Poder Ciudadano destacó que su participación aportaría control social y fortalecería la investigación. La ONG ya fue reconocida como querellante en otros expedientes, entre ellos el caso de Julio “Chocolate” Rigau en La Plata.

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Mientras tanto, los dueños de Suizo Argentina buscan frenar la investigación con distintas presentaciones judiciales. Este lunes presentaron un escrito en el que invocaron la existencia de “cosa juzgada”, aunque la jurisprudencia indica que solo aplicaría si hubiese habido imputaciones previas con sobreseimiento, algo que no ocurrió.

El viernes pasado ya habían planteado la nulidad de la causa, cuestionando la validez de la grabación atribuida a Diego Spagnuolo, ex director de la ANDIS, que dio origen a la investigación. La defensa alegó irregularidades en la obtención de la prueba.

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La investigación del fiscal Picardi, que aún no tiene imputaciones formales, avanza sobre la base de teléfonos secuestrados, documentos incautados en Nordelta y el análisis de las compras estatales a la droguería. También están bajo la lupa judicial las actuaciones del ex funcionario Daniel Garbellini, del asesor Eduardo “Lule” Menem, de la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y del propio presidente Javier Milei.

El pedido de Poder Ciudadano marca un nuevo capítulo en un proceso que combina aristas judiciales, políticas e institucionales, y que podría ampliar el marco de responsabilidades si prospera la acusación.

Fuente: Infobae