El Gobierno anula fusiones y cierres de organismos públicos tras el rechazo del Congreso

El Gobierno decidió retroceder en una serie de medidas que habían provocado fuertes tensiones con el Congreso. A través de los decretos 627 y 628 de 2025, publicados en el Boletín Oficial, quedaron sin efecto fusiones, disoluciones y modificaciones de organismos públicos que habían sido rechazadas por ambas Cámaras.

Entre las disposiciones anuladas se encuentra la fusión del Instituto Nacional Yrigoyenano con el Instituto Juan Manuel de Rosas, el traspaso del Banco Nacional de Datos Genéticos a la órbita de la Secretaría de Innovación y la disolución de la Comisión Nacional del Tránsito, la ANSV y la Dirección Nacional de Vialidad. El Ejecutivo reconoció que las estructuras deben restituirse en su estado original.

Otro de los puntos destacados es la cancelación de la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME). Con esta decisión, el organismo recupera sus funciones en materia de regulación y control.

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Además, se restablecieron los objetivos iniciales del Teatro Nacional Cervantes, la estructura organizativa del INTA y las facultades de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. También volvieron a regir las misiones del titular de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte y las obligaciones de la Secretaría de Hacienda.

En paralelo, el Decreto 628 anuló los cambios aplicados sobre el Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional. La navegación marítima y fluvial había sido declarada servicio esencial, pero esa decisión quedó sin efecto con la nueva resolución.

El texto oficial indicó: “Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por los decretos señalados y que se encontraban vigentes al momento de su dictado”.

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Hasta que las dependencias recuperen plenamente sus funciones, la Jefatura de Gabinete, la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Economía deberán asumir de forma transitoria las tareas administrativas, financieras y jurídicas. El objetivo es garantizar la continuidad institucional y operativa.

Las medidas anteriores habían sido blanco de críticas por parte de legisladores y gremios estatales, que advertían sobre la pérdida de funciones estratégicas del Estado. El rechazo parlamentario obligó al Gobierno a dar marcha atrás y restituir el esquema original de los organismos.

Fuente: NA.