Pese al fallo judicial, el Gobierno no girará fondos para la emergencia en discapacidad
Política12/12/2025
REDACCIÓN
Movilización por el veto a la ley de discapacidad
El Gobierno nacional resolvió no disponer los fondos necesarios para la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, pese al fallo del Juzgado Federal de Campana que ordenó su ejecución inmediata. Altas fuentes del Poder Ejecutivo confirmaron que la decisión se basa en la falta de partidas presupuestarias disponibles para afrontar el gasto que demanda la normativa sancionada por el Congreso.
Desde la Casa Rosada aseguraron que la imposibilidad de cumplir con el fallo no responde a una negativa política sino a una restricción financiera. Según indicaron, el Ejecutivo no cuenta con los recursos necesarios para implementar la ley y, en ese contexto, anticiparon que apelarán la sentencia dictada por el juez Adrián González Charvay.
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El magistrado resolvió declarar inválido el Artículo 2° del Decreto 681/2025, mediante el cual el Gobierno había suspendido la ejecución de la Ley 27.793. En su fallo, hizo lugar a la acción colectiva presentada y ordenó la aplicación inmediata de la norma, además de imponer las costas al Estado Nacional y disponer la difusión de la resolución en el Registro Público de Procesos Colectivos.
En la sentencia, el juez subrayó la gravedad de la situación que atraviesan las personas con discapacidad, en especial niños y adultos mayores. También citó una reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se reconoce el derecho autónomo al cuidado y la obligación de los Estados de garantizarlo de manera efectiva.
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Desde el Ejecutivo sostienen que el criterio aplicado en este caso responde a la misma lógica que impulsa el proyecto de Ley de Estabilidad Fiscal, promovido en sesiones extraordinarias. Esa iniciativa busca establecer que toda ley que implique nuevos gastos solo entre en vigencia una vez que las partidas correspondientes estén expresamente incluidas en el presupuesto del ejercicio siguiente, aunque ese proyecto aún no fue tratado en la Cámara de Diputados.
El conflicto se originó tras la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad en septiembre de 2025. Si bien el Poder Ejecutivo la promulgó, luego suspendió su aplicación argumentando que el Congreso no había especificado el origen de los fondos para su financiamiento. El Ministerio de Salud respaldó esa postura y advirtió que avanzar sin recursos definidos podría afectar la sustentabilidad fiscal y otros servicios esenciales del Estado.
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La causa judicial fue impulsada por familiares de niños con Certificado Único de Discapacidad y rápidamente sumó la adhesión de asociaciones civiles, prestadores y organizaciones de todo el país. Entre ellas se encuentran la FAICA, CAIDIS, AIEPESA y diversas entidades vinculadas a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
Durante el proceso se incorporaron informes que describen una crisis estructural en el sector. Según los datos aportados, entre diciembre de 2023 y mayo de 2025 la inflación acumulada superó el 114%, mientras que los aranceles de las prestaciones aumentaron poco más del 42%, lo que generó una fuerte pérdida del poder adquisitivo, cierres de instituciones y suspensión de tratamientos.
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En su fallo, el juez también rechazó el argumento fiscal del Gobierno y recordó que la propia ley facultó al Jefe de Gabinete a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias. Además, señaló que el Ejecutivo ya había dispuesto numerosas reasignaciones de partidas para otros fines, por lo que consideró injustificada la negativa a financiar la norma vinculada a la discapacidad.
La decisión del Gobierno de no liberar los fondos, aun con una orden judicial vigente, abre ahora un nuevo capítulo de tensión institucional y deja en suspenso la aplicación efectiva de una ley que busca garantizar la continuidad de servicios esenciales para miles de personas en todo el país.
Fuente: Infobae
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