Reducen seis meses la condena a un joven por estímulo educativo en la cárcel
Chubut04/09/2025
REDACCIÓN
Estudiar en la carcel imagen ilustrativa generada por LA17
La jueza Laura Martini resolvió disminuir en seis meses la pena de Joaquín García Flores, un joven de Rawson que cumple condena en la Seccional Tercera de Policía de Trelew. La decisión se basó en el “estímulo educativo”, mecanismo que premia la realización de estudios durante el cumplimiento de la pena para favorecer la reinserción social.
La solicitud fue presentada por la defensa pública y no tuvo oposición de la Fiscalía, lo que allanó el camino para la resolución judicial. La magistrada aclaró, sin embargo, que “deben revisarse los parámetros de proporcionalidad entre la cantidad de horas de capacitación y la reducción de condena aplicada”, marcando un criterio que podría incidir en futuros casos.
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El joven había sido condenado en febrero a un año y ocho meses de prisión efectiva por una serie de delitos menores cometidos desde 2021. Desde su lugar de detención, realizó tres cursos virtuales de la Universidad Nacional de Córdoba que sumaron 105 horas: construcción de tanques solares sustentables, mecánica básica y soldadura eléctrica.
García Flores tiene antecedentes que se remontan a 2019, cuando en La Plata participó de un robo agravado por ser en poblado y en banda. Años después, mientras residía en Rawson y cumplía una pena condicional, volvió a delinquir: “protagonizó un robo agravado con cuchillo en un comercio del Área 12”, lo que derivó en su detención.
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Al recuperar la libertad, entre 2023 y 2024, acumuló ocho hechos más que incluyeron robos de cables y metales, intentos de hurto frustrados, incumplimientos de medidas de restricción y un robo tentado. Esta secuencia lo llevó nuevamente a juicio y condena efectiva.
El beneficio otorgado por la jueza Martini no extingue la pena, sino que acorta los plazos de cumplimiento, en línea con lo previsto en la normativa vigente. El objetivo es incentivar la educación intramuros y generar herramientas que favorezcan la reinserción al momento de la libertad.
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La magistrada sostuvo que el estímulo educativo no debe ser interpretado como una vía automática de reducción, sino como un reconocimiento sujeto a evaluación cualitativa. En este caso, consideró la actitud del imputado y la validez de los cursos certificados por una universidad nacional.
El fallo también resalta la coincidencia entre la postura de la defensa, ejercida por Miguel Lugo, y la Fiscalía de Rawson, representada por Marcela Barrios. Ambas partes avalaron la aplicación del beneficio, lo que permitió avanzar sin mayores objeciones legales.
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