
Procesaron a una empleada bancaria por fraude y extracciones por casi 1 millón de pesos
Policiales14/09/2025
REDACCIÓN
Un caso de defraudación golpea a la sucursal del Banco Nación en Caleta Olivia, donde una empleada fue procesada por realizar extracciones ilegales de cuentas de clientes sin su consentimiento. Según la investigación, las maniobras se llevaron adelante entre diciembre de 2021 y mayo de 2022 y representaron un perjuicio económico estimado en 948.600 pesos.


El procesamiento fue dictado por el Juzgado Federal de Caleta Olivia, con la intervención del fiscal Lucas Colla, de la Sede Fiscal Descentralizada. La mujer enfrenta cargos por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y violación de los deberes de funcionario público, además de un embargo preventivo de 5 millones de pesos.
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El caso comenzó a raíz de una denuncia presentada por la propia entidad bancaria, que detectó un “alerta por actitudes y accionar sospechoso” de la trabajadora. El análisis de los movimientos permitió constatar que había efectuado extracciones en al menos siete cuentas de ahorro, con transferencias y retiros presuntamente en beneficio propio.
Las pruebas más determinantes fueron los videos de seguridad aportados por el banco, que mostraban cómo la empleada realizaba los retiros y luego guardaba el dinero en su cuaderno o en la billetera. Estas imágenes fueron consideradas clave por el juez para establecer la intencionalidad de las maniobras.
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En marzo de 2024, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y el fiscal Colla habían solicitado la indagatoria de la imputada. Sin embargo, la defensa intentó frenar el avance judicial presentando un acuerdo de conciliación con el banco, en el que ofrecía una reparación económica de 3 millones de pesos.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) rechazó esa salida alternativa al considerar que, al tratarse de una empleada de un banco público, la mujer era alcanzada por la figura de funcionario público, lo que impedía homologar el acuerdo. A pesar de esto, en primera instancia el juzgado aceptó la propuesta.
El MPF apeló y el caso llegó a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, donde los camaristas Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez revocaron la decisión y coincidieron en que la oposición del fiscal estaba fundada en razones de política criminal. Con ese fallo, el camino quedó despejado para avanzar hacia el procesamiento.
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En su resolución, el juez federal Claudio Vázquez sostuvo que las maniobras “tuvieron su origen en un beneficio económico para la propia imputada y en perjuicio de clientes con los cuales no mantenía vínculo alguno, así como también de la institución bancaria”.
Agregó que resultaba inverosímil alegar que los retiros fueran fruto del azar o de un error operativo, ya que las conductas se repitieron de manera sistemática y con un direccionamiento claro.
El magistrado también remarcó que la imputada se aprovechó de la confianza de sus compañeros y del acceso que tenía al sistema operativo del banco para procurarse las autorizaciones necesarias que habilitaron las transacciones irregulares.

















