
El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión
Actualidad25/09/2025
REDACCIÓN
El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión por asociación ilícita y financiación ilegal de su campaña presidencial de 2007, en la que resultó electo con apoyo de fondos presuntamente aportados por el régimen de Muamar Gadafi. La resolución fue dictada por el Tribunal de París y tiene ejecución inmediata, lo que significa que el exmandatario deberá ingresar en prisión en un plazo máximo de treinta días.


La investigación determinó que parte de los 50 millones de euros que supuestamente llegaron desde Libia se destinaron a financiar actos políticos, logística y difusión de la candidatura. Sarkozy negó en reiteradas ocasiones las acusaciones y calificó la sentencia como un atropello judicial. “Soy inocente y este fallo es de una extrema gravedad para el Estado de derecho”, declaró tras escuchar la decisión.
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El líder conservador de 70 años anticipó que apelará, aunque el recurso no suspenderá la ejecución de la pena. De concretarse la detención, se convertirá en el primer expresidente francés en cumplir cárcel efectiva por un caso de corrupción vinculado a la financiación electoral. “Dormiré en prisión con la cabeza alta”, afirmó Sarkozy, en un mensaje de tono desafiante.
El caso, conocido como “financiación libia”, se investigó durante más de una década y salpicó a figuras políticas y empresariales de ambos países. Documentos, transferencias bancarias y testimonios de exfuncionarios libios fueron parte de las pruebas que sostuvieron la acusación. La justicia francesa consideró que existieron maniobras para ocultar el origen de los fondos y utilizarlos en la campaña.
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El impacto político en Francia es enorme, ya que Sarkozy fue una de las figuras más influyentes de la derecha durante los últimos 20 años. La condena también abre un debate sobre la transparencia en el financiamiento de partidos y el control que ejerce el Estado sobre las campañas. Analistas coinciden en que el fallo marca un precedente sobre la responsabilidad de los máximos dirigentes en el manejo de recursos electorales.
Fuente: NA.







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