PREOCUPACIÓN POR LA CREACIÓN DE LA FISCALÍA AMBIENTAL

La creación de una fiscalía ambiental en Chubut despertó inquietud entre sectores productivos y científicos locales. La nueva dependencia centralizará denuncias por impactos ambientales, como minibasurales, derrames y efluentes industriales, pero existen dudas sobre su efectividad.

El objetivo de la fiscalía sería recibir denuncias diarias relacionadas con actividades humanas que dañan el ambiente. Minibasurales, residuos plásticos, quemas no autorizadas y derrames de hidrocarburos encabezan la lista de problemáticas.

Las autoridades encargadas de fiscalizar estos temas incluyen a la Dirección de Fauna y Flora Silvestre, la Secretaría de Ambiente y la Subsecretaría de Bosques. Estas instituciones gestionan las denuncias y las derivan al Ministerio Público Fiscal correspondiente.

Sin embargo, la creación de una fiscalía exclusiva generó críticas. Algunos sectores consideran que sumará burocracia y no resolverá las problemáticas actuales.

Para la población, los problemas ambientales cotidianos resultan prioritarios. “El foco infeccioso de un minibasural o los olores de plantas industriales preocupan más que otros delitos ambientales” señalan desde sectores vecinales.

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La fiscalía recibiría una gran cantidad de denuncias apenas comience a funcionar. “Tendrían el escritorio saturado con expedientes de problemas ambientales locales y muy pocos sobre la fauna” aseguró un productor local.

La situación de los productores rurales complica aún más el panorama. El conflicto con predadores como pumas, jabalíes y guanacos sigue sin solución. Algunos pobladores, en situaciones económicas precarias, cazan guanacos para alimentarse.

La realización de cortafuegos representa otro problema. “Los propietarios de campos temen realizar estas medidas necesarias por miedo a ser denunciados” explicaron referentes del sector agropecuario.

Por esta razón, los propietarios optan por no realizar acciones preventivas, generando un riesgo mayor en casos de incendios.

Científicos que trabajan en la región también expresaron su preocupación. El temor a denuncias ambientales obstaculiza sus investigaciones en establecimientos rurales.

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El panorama se agravó luego de que un juez aplicara la figura de “ecocidio,” un término que no se encuentra tipificado en el Código Penal argentino.

Este tipo de decisiones judiciales, según los críticos, genera más incertidumbre en lugar de soluciones concretas.

Desde sectores productivos, exigen que la fiscalía no obstaculice actividades legales. “Los productores no son enemigos del ambiente. Necesitamos herramientas para trabajar, no más trabas burocráticas” afirmó un dirigente rural.

En la actualidad, los organismos ambientales provinciales cuentan con mecanismos de control y sanción. La superposición de competencias con la nueva fiscalía genera dudas.

El impacto de las actividades industriales, como los derrames de efluentes mal tratados, representa un problema concreto en zonas urbanas y rurales. Los vecinos conviven con olores y contaminantes sin respuestas rápidas.

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Los productores subrayan que las denuncias por daños ambientales deben diferenciarse de las acciones necesarias para proteger cultivos y ganado.

La falta de un criterio claro podría derivar en conflictos legales prolongados. “No sabemos qué figura legal se aplicará ni quién tendrá la última palabra” señalaron referentes del sector.

El temor al “ecocidio” y a sanciones severas ya paralizó iniciativas preventivas en varios establecimientos rurales. La incertidumbre frena inversiones y trabajos esenciales.

Algunos especialistas sostienen que la fiscalía debería actuar en coordinación con las autoridades ya existentes, no competir con ellas.

El día a día en Chubut refleja una realidad compleja. Problemas ambientales, sociales y económicos requieren soluciones concretas y eficientes.

La lucha contra la contaminación y el cuidado del ambiente no debería generar enfrentamientos. “Necesitamos equilibrio entre la producción y la protección ambiental” destacó un investigador local.

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Por ahora, la creación de la fiscalía ambiental abre más interrogantes que respuestas. Productores, científicos y vecinos esperan definiciones claras.

Las autoridades deberán garantizar que esta nueva dependencia no entorpezca actividades esenciales y aporte soluciones reales a las problemáticas ambientales.